La votación fue de 49 a favor y 50 en contra, sin alcanzar los 60 votos necesarios. Los demócratas argumentaron que el presidente Donald Trump mantiene inversiones en el sector que se verían favorecidas por la legislación.
Los senadores demócratas, con el apoyo de cuatro republicanos, rechazaron este martes el avance de una ley que establecería un marco regulatorio para la industria de las criptomonedas en Estados Unidos.
La votación fue de 49 a favor y 50 en contra de avanzar con la llamada Ley de Claridad, que busca establecer un marco federal para regular los activos digitales y delimitar las competencias de organismos como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). La iniciativa necesitaba 60 votos para superar esta fase.
Los congresistas rechazaron la normativa con el argumento de que el presidente, Donald Trump, mantiene inversiones personales en este sector y se vería favorecido por la nueva legislación.
Los demócratas reclamaron mayores garantías para impedir que funcionarios públicos puedan beneficiarse de sus inversiones en criptomonedas. Su principal preocupación se centró en Trump, cuyos negocios relacionados con activos digitales generaron unos 1.400 millones de dólares en ingresos durante 2025, según datos citados durante el debate.
La senadora Elizabeth Warren sostuvo que el proyecto, en su versión actual, no impediría que el presidente continuara obteniendo beneficios de sus negocios de criptomonedas.
Los republicanos introdujeron antes de la votación nuevas disposiciones sobre ética, entre ellas una que permitiría a los fiscales generales estatales emprender acciones contra funcionarios federales que incumplieran las restricciones sobre la creación o promoción de activos digitales. El texto también incorporó más de un centenar de cambios planteados durante las negociaciones con los demócratas, pero estos consideraron insuficientes las salvaguardas para evitar posibles conflictos de interés.
La votación supone un revés para una industria que ha convertido la aprobación de un marco regulatorio federal en una de sus principales prioridades políticas. Con el receso del Congreso y las elecciones legislativas de noviembre cada vez más cerca, la iniciativa afronta ahora un camino incierto para ser aprobada este año.