El fiscal de menores Hernán Ceruti presentó una apelación contra la resolución de la jueza Marta Elba Pascual que suspendió el Régimen Penal Juvenil bonaerense, al considerar que la medida genera un «gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad».
Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) – El fiscal de menores Hernán Ceruti, titular de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, presentó una apelación contra la resolución de la jueza Marta Elba Pascual que suspendió el Régimen Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires.
Ceruti sostuvo que la decisión de la magistrada provoca un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, debido a que un habeas corpus no puede suspender una ley sancionada por el Congreso Nacional. Además, señaló que no se comprobó ninguna acción concreta, ilegal o arbitraria que perjudique la libertad de los adolescentes alcanzados por la normativa, y afirmó que la disposición de la jueza “avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado”.
El fiscal agregó que tampoco se identificó a un joven detenido por la aplicación de la normativa, ni una determinación policial, administrativa, judicial o penitenciaria que haya limitado de manera ilegal su libertad, ni una situación específica de alojamiento agravada por la nueva legislación.
En su resolución, la jueza Pascual argumentó que su decisión se basó en que el nuevo régimen podría aumentar de manera significativa el número de jóvenes detenidos y que la provincia no disponía de la infraestructura ni de los recursos suficientes para afrontar ese incremento. Desde la Fiscalía indicaron que esa conclusión se adoptó sin datos concretos. Pascual planteó interrogantes sobre el número de adolescentes que podrían ser privados de su libertad en dispositivos provinciales y la capacidad disponible. “La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, señaló Ceruti.
La apelación de Ceruti se suma a la denuncia penal presentada por la ONG Usina por la Justicia, que acusó a Pascual de los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. A través de su cuenta en la red social X, la organización expresó su apoyo a la decisión de Ceruti y afirmó: “El fiscal sostuvo los mismos fundamentos de nuestra impugnación: la jueza no se basó en pruebas ni informes, se excedió en sus funciones y violó el principio de división de poderes”.
Por su parte, La Libertad Avanza bonaerense, liderada por Sebastián Pareja, anunció que pedirá el juicio político de la jueza. Pareja declaró: “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”.