La Unicameral cordobesa debate un proyecto que adecúa la norma provincial 11.035 al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, reduce la edad de imputabilidad a 14 años y amplía derechos procesales para las víctimas.
La Unicameral de Córdoba abrió el debate sobre un proyecto de ley que introduce cambios en el esquema procesal provincial, en el marco de la adecuación a la Ley Nacional N° 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, respaldada por legisladores de distintos bloques, modifica la norma provincial 11.035 y prevé la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El texto, que consta de 29 artículos, fue elaborado a partir del trabajo de una mesa interinstitucional integrada por el Poder Judicial, la Fiscalía General, la Defensa Pública, la Senaf, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, especialistas universitarios y representantes de diversos espacios políticos. La entrada en vigencia plena del régimen nacional está prevista para septiembre.
El titular de la comisión de Seguridad, Juan Manuel Llamosas, confirmó que el debate formal comenzará de manera conjunta con la comisión de Niñez. «Hay un trabajo previo de una mesa interinstitucional donde participaron oficialismo, oposición, el Poder Judicial y la Senaf. Este proyecto tomó estado parlamentario tras meses de labor y es una base muy sólida que nos permitirá avanzar en las próximas semanas», afirmó.
La legisladora radical Brenda Austin respaldó el consenso técnico alcanzado y señaló: «La iniciativa tiene el respaldo de expertos que abordan a diario la problemática de jóvenes en conflicto con la ley penal». Además, declaró: «El cambio nacional obliga a Córdoba a prepararse, tener una buena ley y garantizar que la Senaf cuente con los recursos para intervenir, tanto en las medidas previas como en los centros de detención cuando esta sea el último recurso».
En el plano procesal, el proyecto incorpora derechos para las víctimas de delitos cometidos por menores, en línea con la «Ley Joaquín»: asistencia jurídica gratuita, información en lenguaje claro y participación en instancias como salidas transitorias o cese de medidas cautelares. También establece que la privación de la libertad sea una medida de último recurso, fija como tope punitivo la escala de la tentativa (reduce la pena del delito consumado de un tercio a la mitad) y prevé herramientas alternativas como acompañamiento comunitario, reglas de conducta, mediación penal, monitoreo remoto y pautas de conexidad cuando intervengan adultos y menores.
El trabajo en comisiones comenzó el miércoles y el tratamiento en el recinto está previsto para el 26 de agosto.