Con más de seis millones de argentinos con mora de 90 días o más en billeteras virtuales, diputados de distintos bloques opositores presentaron proyectos de ley para regular el ecosistema financiero digital, con foco en la protección de consumidores y la transparencia de los créditos.
Buenos Aires, 10 agosto (NA) — Diputados de distintos bloques de la oposición presentaron proyectos de ley destinados a regular el ecosistema financiero digital en Argentina. La iniciativa surge en un contexto donde más de seis millones de personas registran mora de 90 días o más en billeteras virtuales, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la consultora EcoGo.
El Informe sobre Bancos del BCRA de mayo de 2026 indica que la mora en las familias alcanzó el 12,8% en el sistema bancario. En el sector no bancario, la irregularidad en proveedores no financieros rozó el 28,7%, impulsada por préstamos personales (34,1%) y tarjetas de crédito (19,4%).
Proyecto de Pablo Juliano (Provincias Unidas)
El diputado nacional Pablo Juliano presentó un proyecto enfocado en combatir el crédito impulsivo en aplicaciones móviles y billeteras virtuales. La propuesta exige que las entidades financieras y fintech evalúen la situación económica integral del usuario antes de otorgar nuevo financiamiento.
Para casos de insolvencia o sobreendeudamiento estructural, la norma introduce un procedimiento judicial de rehabilitación financiera que contempla planes de pago adecuados a los ingresos reales, con ajuste de intereses y suspensión temporal de ejecuciones. Además, incorpora un mecanismo de segunda oportunidad: si el usuario cumple con el plan homologado judicialmente, el juez podrá extinguir total o parcialmente las deudas remanentes.
El proyecto también regula los denominados ‘dark patterns’ y la gamificación, prohibiendo interfaces que oculten el costo real del crédito o incentiven el endeudamiento. Exige que los sistemas automatizados de evaluación crediticia sean transparentes y auditables, y prohíbe modalidades de cobranza abusiva.
Juliano declaró: ‘Las billeteras virtuales deben cumplir los mismos protocolos que las tarjetas bancarias. Hoy ofrecen créditos con solo un clic, cada vez que se abre el teléfono aparecen cinco o seis veces mensajes alentando el endeudamiento personal, no informan tasas ni el costo financiero final real, y hacen simulaciones engañosas que buscan que el crédito se tome en el acto. Los intereses oscilan entre el 100% y el 700%’.
El legislador agregó: ‘Una persona debe pagar sus deudas, pero el sistema tampoco puede condenarla a permanecer excluida o endeudada de por vida’. También afirmó: ‘Cuando millones de personas necesitan endeudarse para comer, para curarse o para llegar a fin de mes, y al mismo tiempo crecen la mora y los niveles de incumplimiento, estamos frente a un problema económico y social de carácter sistémico’.
Proyecto de Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria)
Un conjunto de 27 legisladores del peronismo federal, encabezados por Victoria Tolosa Paz, presentó un proyecto dirigido a resguardar a los beneficiarios de prestaciones sociales de la ANSES. La iniciativa busca que la regularidad de esos ingresos sea considerada positivamente al evaluar la capacidad de pago y el riesgo crediticio.
El proyecto propone evitar que variables algorítmicas vinculadas con la condición socioeconómica, la informalidad laboral o el carácter asistencial de los ingresos funcionen como factores negativos en la determinación del acceso y costo del financiamiento. Establece que las decisiones automatizadas deben contar con mecanismos de revisión humana.
Tolosa Paz explicó: ‘Nos preocupa especialmente que el algoritmo termine convirtiendo la vulnerabilidad social en una variable que encarece el crédito. Vemos una paradoja: quienes tienen menores ingresos y mayor necesidad de financiamiento son, muchas veces, quienes reciben las peores condiciones’.
La iniciativa fija como límite para la tasa de interés compensatorio el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales publicado por el BCRA, y dispone que ese límite no pueda ser eludido mediante comisiones, seguros u otros cargos. También exige que el Costo Financiero Total sea informado antes de la contratación de manera visible y clara.
El proyecto incorpora una protección específica para prestaciones de carácter alimentario, como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días. Los fondos provenientes de estas prestaciones no podrán ser afectados mediante débitos automáticos ni mecanismos de cobro recurrente para cancelar préstamos, aunque se preserva la posibilidad de pago voluntario y expreso.