El número de muertos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio ascendió este domingo a 5.208, según el balance difundido por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Los heridos registrados se mantienen en 16.740.
El número de muertos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio ascendió este domingo a 5.208, según el balance difundido por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. La actualización incorpora 89 nuevos fallecidos respecto al recuento anterior y confirma que, a casi un mes del desastre, la cifra de víctimas mortales sigue en movimiento. Los heridos registrados se mantienen en 16.740, cifra estabilizada en los últimos días según los informes oficiales. Las autoridades venezolanas informaron además que hasta el momento han sido atendidas 86.794 familias por los equipos de emergencia desplegados en las zonas afectadas.
Los dos sismos ocurrieron el 24 de junio de 2026 con apenas 39 segundos de diferencia: el primero, de magnitud 7,2, tuvo epicentro a 23 kilómetros de San Felipe, en el estado Yaracuy; el segundo, de magnitud 7,5, se originó 28 kilómetros al sureste de Yumare, a solo 10 kilómetros de profundidad. La escasa profundidad del segundo evento amplificó su capacidad destructiva sobre la superficie, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que emitió alerta roja para ambos movimientos y activó una alerta de tsunami que fue cancelada horas después.
Las zonas más afectadas fueron La Guaira, Caracas y el Distrito Capital, con daños extendidos a los estados Miranda, Carabobo, Yaracuy y Aragua. La Guaira concentró las pérdidas más graves: decenas de edificios colapsaron en Macuto, Caraballeda y Naiguatá, localidades con alta densidad de construcción de mampostería sin refuerzo estructural. Las autoridades contabilizaron 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo, según datos oficiales.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó daños físicos directos por 6.700 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 6% del PIB venezolano, mediante análisis satelital realizado en las primeras 72 horas. El organismo advirtió que esa cifra cubre únicamente pérdidas directas en viviendas y activos económicos, y que el impacto total suele multiplicarse entre 1,5 y 3 veces al incorporar costos de reconstrucción y disrupción económica acumulada.
Sobre el terreno operaban, según datos oficiales de mediados de julio, más de 30.000 efectivos militares y cerca de 30.000 voluntarios. Las autoridades reportaron la distribución de 9.766 toneladas de alimentos y 13,9 millones de litros de agua entre la población damnificada. Más de 21.200 personas permanecen en 107 refugios temporales. El jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, advirtió que el sistema multilateral requiere 296 millones de dólares adicionales para sostener la asistencia durante seis meses, luego de que la respuesta inicial recibiera 300 millones. Más de 30 países participaron en el operativo con equipos de rescate, suministros y brigadas caninas especializadas.
La catástrofe encontró a Venezuela con una infraestructura debilitada por más de una década de contracción económica. Hospitales, redes eléctricas y sistemas de agua arrastraban déficits de mantenimiento que los sismos pusieron en evidencia. La Organización Internacional para las Migraciones estimó que hasta 6,8 millones de personas podrían necesitar asistencia humanitaria, mientras UNICEF calculó que unos 680.000 niños se encuentran entre los afectados. Un doblete de magnitudes 6,2 y 6,3 registrado en septiembre de 2025 había dejado una víctima y más de 110 heridos en la misma región; los sismos del 24 de junio superaron en intensidad cualquier evento registrado en el país en más de un siglo, según el USGS.
A casi cuatro semanas del desastre, las familias que aún buscan cuerpos entre los escombros de La Guaira ilustran la distancia que separa el cierre de la emergencia de su inicio. La reconstrucción de viviendas, hospitales y redes de servicios básicos exigirá recursos y plazos que desafían la capacidad de un Estado que antes del 24 de junio ya operaba al límite de sus posibilidades estructurales.