El acto central por el 32° aniversario del atentado a la AMIA incluyó críticas al Poder Judicial y pedidos de avances en el juicio en ausencia y la digitalización de archivos de inteligencia. La Cámara Federal de Casación Penal fijó audiencia para el 10 de septiembre.
A 32 años del atentado a la AMIA, el acto central de homenaje se realizó el viernes pasado. La conmemoración fue encabezada por el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina, Osvaldo Armoza, y contó con la presencia de familiares de víctimas, referentes comunitarios y autoridades nacionales, entre ellas el presidente Javier Milei.
Durante la ceremonia, Armoza afirmó que la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver de manera urgente la validez del juicio en ausencia. También se refirió a la necesidad de digitalizar los archivos y documentación de inteligencia vinculados a la causa.
Juicio en ausencia
El juicio en ausencia está previsto en la Ley 27.784, que permitiría juzgar a diez ciudadanos iraníes y miembros de Hezbollah acusados del ataque sin su presencia en el país. La norma fue impugnada por el Ministerio Público de la Defensa.
La Cámara Federal de Casación Penal fijó una audiencia para el próximo 10 de septiembre para escuchar a las partes antes de resolver. La última novedad se conoció en febrero pasado, cuando el defensor oficial ante esa instancia, Enrique María Comellas, mantuvo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Comellas argumentó que la norma vulnera garantías porque “impediría a los acusados solicitar un nuevo juicio si en el futuro decidieran presentarse o fueran detenidos”. Además, sostuvo que la implementación del juicio en ausencia podría afectar la investigación y limitar la exploración de otras hipótesis no suficientemente analizadas.
El tema está en debate desde mediados de 2025. El 26 de junio de 2024, el juez federal Daniel Rafecas aceptó los pedidos de familiares y fiscalía y ordenó el juicio en ausencia contra diez acusados. La defensa oficial a cargo de Hernán Silva apeló. La Cámara Federal porteña confirmó en octubre y se presentó el recurso que desde entonces está en Casación. La decisión quedó en manos de los jueces Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques.
En el medio, la Cámara Federal ordenó al juez Rafecas avanzar con los pasos necesarios para concretar la elevación del caso a juicio, pese a la falta de resolución en el máximo tribunal penal federal del país. Rafecas ya había conformado un equipo especial en el juzgado federal 6, que tiene el caso y que él subroga este año porque está vacante desde la jubilación de su titular, Rodolfo Canicoba Corral.
Archivos de la causa y asbesto
Respecto a los archivos y documentación vinculada al atentado, el último informe semestral del Área de Análisis de la UFI AMIA detalla que gran parte del acervo documental fue trasladado del Palacio Barolo al edificio 23 del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). El proceso incluyó numeración, embalaje, acondicionamiento y custodia de los documentos, con controles de seguridad y participación de la Escribanía General de Gobierno, Policía Federal y Bomberos.
Uno de los principales desafíos fue la presencia de altas concentraciones de asbesto en sectores del subsuelo del Palacio Barolo donde por décadas se guardó la documentación de inteligencia, lo que obligó a realizar procedimientos de descontaminación. Tras la intervención, se realizaron muestreos y se enviaron a laboratorios para certificar la ausencia de contaminantes, aunque aún resta analizar parte de la documentación y testear unas 451 cajas potencialmente afectadas por exposición a asbesto degradado. El informe advierte que, si bien la mayoría de los documentos críticos ya fue mudado, parte del material contaminado o pendiente de acondicionamiento sigue en el Palacio Barolo y su traslado definitivo depende de los resultados de los análisis ambientales.
El equipo mantuvo el inventariado y sistematización de los documentos, con avances en la digitalización de más de 12.000 fojas y la organización de miles de casetes y archivos audiovisuales. En paralelo, la UFI AMIA a cargo del fiscal Sebastián Basso reiteró pedidos a la AFI, ex Secretaría de Inteligencia (SIDE), para acceder a bases de datos y registros históricos.