La Fiscalía solicitó penas de entre 3 años y medio y 5 años de prisión para cuatro ex altos mandos de la Armada por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.
Los alegatos de cierre de la Fiscalía en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan (SUSJ) comenzaron este lunes a las 9:15 en Río Gallegos. Durante más de ocho horas, los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán expusieron su acusación contra cuatro ex altos mandos de la Armada.
Al cierre de la jornada, solicitaron que los acusados sean condenados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes del submarino.
La acusación sostuvo que los imputados confeccionaron una orden de operaciones y permitieron que el ARA San Juan zarpara en un “estado de alistamiento precario” y en “deficientes condiciones de mantenimiento”, circunstancias que, según la Fiscalía, incrementaron los riesgos de la navegación y guardan relación con el resultado ocurrido el 15 de noviembre de 2017.
En ese marco, requirieron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y para Claudio Villamide, ex capitán de navío y comandante de la Fuerza de Submarinos al momento del naufragio.
También pidieron cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el capitán de navío Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y tres años y seis meses para el capitán de fragata Hugo Correa, ex jefe de Operaciones de ese mismo órgano.
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz escucharon las exposiciones y tomaron notas durante buena parte de la audiencia, que se extendió hasta las 19.
“La operación que realizó el San Juan en las condiciones de alistamiento que se encontraban constituye el eje central del quebrantamiento de los deberes reprochados y explican plenamente el resultado”, sostuvo Pruzán al resumir la teoría del caso fiscal.
La Fiscalía retomó distintos antecedentes vinculados con el estado material del submarino desde el inicio de la reparación de media vida, en 2007, hasta su desaparición en noviembre de 2017. Repasaron observaciones técnicas, tareas pendientes, pedidos de mantenimiento preventivo, inspecciones, antecedentes de navegación y pruebas que, según la acusación, influyeron en el desenlace.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz deberá determinar cuál fue la incidencia real de esas observaciones sobre la seguridad náutica del submarino. Durante el debate, distintos submarinistas y oficiales declararon que esas tareas y pruebas pendientes no impedían al ARA San Juan cumplir la orden de operaciones COFS N° 4/17, una cuestión que también deberá ser ponderada por los jueces al momento de dictar sentencia.
La Fiscalía remarcó que ese conjunto de observaciones aumentó el riesgo de una actividad militar que ya resulta riesgosa, mientras que las defensas plantearon que las pruebas pendientes no afectaban la seguridad náutica del buque ni le impedían cumplir la misión.
El fiscal Colla denunció “un vano intento” de las defensas por “señalar numerosas veces que verbalmente era Fernández quien solicitaba navegar”. Con esa afirmación, buscó responder a una de las principales líneas argumentales de las defensas, según la cual la decisión final de zarpar corresponde al comandante de la unidad.
Buena parte de la controversia jurídica del debate giró en torno al alcance de las responsabilidades de la cadena de mando superior y el margen de decisión que conservaba Pedro Martín Fernández como comandante del ARA San Juan al momento de iniciar la misión.
La audiencia ingresó en un cuarto intermedio poco antes de las 14. Cuando el debate se reanudó a las 16:15, vecinos con banderas argentinas comenzaron a concentrarse en las inmediaciones, mientras se multiplicaban los bocinazos y los redoblantes por la victoria de la selección nacional en el Mundial de fútbol.
Uno de los tramos más extensos de la exposición de la fiscal Garmendia Orueta estuvo dedicado al informe de navegación elaborado por Fernández tras la patrulla realizada entre el 1 y el 19 de julio de 2017. La fiscal recordó que el sexto día de navegación se produjo un ingreso de agua por el sistema de ventilación, y que Fernández consignó que la única posibilidad era una “falta de estanqueidad” de la válvula ECO-19.
Para la acusación, el ingreso de agua informado en el SITREP del 15 de noviembre guarda relación con antecedentes similares reportados por el propio comandante durante una navegación realizada en julio de 2017.
Pasadas más de ocho horas de audiencia, los representantes del Ministerio Público finalizaron sus planteos con sendos pedidos de prisión y una mención individual a los 44 tripulantes del San Juan. Sus nombres, apellidos y rangos fueron leídos en voz alta de manera alternada por los cuatro fiscales antes de finalizar la jornada.
Este martes será el turno de las querellas, que comenzarán a desarrollar sus alegatos desde las 9.