Uno de los 121 allanamientos realizados esta semana en la provincia de Buenos Aires en el marco de la Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII encontró a un hombre de 40 años con 50 cuentas falsas y dispositivos de almacenamiento organizados.
Uno de los 121 allanamientos realizados esta semana en la provincia de Buenos Aires en el marco de la Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII tuvo como protagonista a un hombre de 40 años acusado de distribuir material de abuso sexual infantil. En su vivienda se encontraron unas 50 cuentas de redes sociales con sus respectivas claves de acceso, además de teléfonos, memorias y decenas de soportes de almacenamiento organizados.
“Fue como encontrar oro en polvo”, declaró a Infobae uno de los investigadores que participó del operativo.
La investigación, coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General y llevada adelante por los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, de las UFI N.º 5 y N.º 9 del Departamento Judicial Morón, con la intervención de los jueces de Garantías Laura Pinto, Ricardo Fraga y Jorge Rodríguez, comenzó a partir de reportes enviados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), una organización de Estados Unidos que recibe denuncias realizadas por plataformas como Meta, Google o Discord cuando detectan posibles imágenes de abuso sexual infantil.
Según se informó, el sospechoso había sido reportado en al menos ocho oportunidades por la presunta distribución de ese tipo de material. Con esa información, los investigadores llegaron hasta su domicilio. Allí encontraron una importante cantidad de dispositivos de almacenamiento digital que serán sometidos a peritajes, entre ellos teléfonos celulares, discos rígidos, memorias USB y decenas de discos clasificados. Algunos tenían inscripciones manuscritas como “No toca botón” y “XXX”.
Lo que más llamó la atención fue la existencia de decenas de perfiles construidos con identidades de adolescentes, aparentemente administrados por una misma persona. “Los groomers son depredadores sociales. Ocultan su identidad detrás de perfiles falsos y salen en busca de quién será su próxima presa”, señaló la misma fuente.
Según explicaron fuentes judiciales, los procedimientos en este tipo de causas presentan particularidades. Los equipos especializados cuentan con autorización judicial no solo para ingresar a las viviendas, sino también para inspeccionar en el momento los dispositivos electrónicos que se encuentren encendidos. La medida busca evitar que información relevante se pierda por sistemas de bloqueo, cifrado o eliminación remota de datos. Para eso se utilizan herramientas tecnológicas que permiten realizar un triage informático, una intervención preliminar mediante software especializado que permite extraer evidencia digital en el mismo lugar del allanamiento. Luego, el material secuestrado es sometido a peritajes más exhaustivos.
De acuerdo con los investigadores, quienes almacenan o distribuyen material de abuso sexual infantil suelen operar con una fuerte sensación de impunidad. Por eso no es extraño encontrar computadoras, discos rígidos, teléfonos, memorias y otros soportes de almacenamiento a simple vista dentro de las viviendas allanadas. Las fuentes consultadas mencionaron casos en los que la evidencia apareció escondida en objetos cotidianos, como un pendrive oculto en un llavero con forma de oso de peluche. En otros procedimientos hallaron memorias guardadas en placares, cajas fuertes o junto a documentación personal.
Una vez secuestrados los dispositivos, comienza una segunda etapa de trabajo. Lo primero que hacen los especialistas es analizar el material recuperado para descartar que los menores retratados pertenezcan al entorno inmediato del sospechoso y determinar si existe alguna situación de riesgo urgente. Después, las imágenes son cotejadas con la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE), administrada por Interpol. Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, ese sistema reúne información aportada por distintos países y permite establecer si una imagen ya había sido detectada anteriormente, si la víctima fue identificada y rescatada o si se trata de material inédito que puede abrir nuevas líneas de investigación.
Entre los procedimientos también apareció otro caso: un hombre alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 9 por una causa de amenazas en un contexto de violencia de género. La pesquisa comenzó luego de que fuera reportado por distribuir imágenes de abuso sexual infantil. Durante el análisis de sus dispositivos, los investigadores detectaron que mantenía contacto con una menor de edad pese a encontrarse detenido. También fue allanado un docente jubilado de 65 años acusado de almacenar y publicar cerca de 1.800 imágenes de abuso sexual infantil a través de servicios en la nube. La plataforma detectó el contenido y realizó el reporte correspondiente, lo que dio origen a la investigación judicial.
En relación con este tipo de conductas, el fiscal Claudio Oviedo declaró: “En la Argentina hay tres tipos de tenencias que la ley reprime con penas de prisión: la de estupefacientes, la de armas sin autorización y la de imágenes de abuso sexual infantil. Tener imágenes de menores es como tener armas o drogas. La ley equipara esas conductas y las sanciona con penas de prisión”. Para el titular de la UFI N°5 de Morón, los hallazgos de esta semana se inscriben en una línea de trabajo que la Procuración bonaerense viene desarrollando desde hace años y que tuvo uno de sus antecedentes más relevantes en el caso de Orlando Tristán Novillo, el preso condenado por abusar sexualmente de una adolescente a través de redes sociales. “Este tipo de trabajos son investigaciones largas y complejas. Muchas veces las víctimas no saben dónde pedir ayuda y eso puede derivar en situaciones gravísimas. Lo importante es que sepan que pueden pedir ayuda y que no están solas”, concluyó Oviedo.