El gobernador de Texas, Greg Abbott, instruyó a la Comisión de Servicios Públicos y al Consejo de Confiabilidad Eléctrica a tomar medidas para que los centros de datos cubran sus costos de infraestructura y no los trasladen a los usuarios residenciales.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió el 10 de junio una carta a la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUC) y al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) en la que ordena acciones inmediatas para regular la expansión de los centros de datos en el estado. La medida busca evitar que los costos de infraestructura eléctrica de estas instalaciones sean trasladados a los consumidores residenciales.
En el documento dirigido al presidente de la PUC, Thomas Gleeson, y al director ejecutivo de ERCOT, Pablo Vegas, Abbott afirmó: “Los centros de datos deben funcionar de manera que reduzcan los costos para los clientes residenciales de electricidad, no consuman el agua que necesitan nuestras comunidades y tengan en cuenta las necesidades de nuestros vecindarios”.
Entre las instrucciones específicas, Abbott ordenó que la PUC exija a los centros de datos pagar la totalidad de sus costos de infraestructura eléctrica, evitando que esos gastos recaigan en los hogares. Además, estableció que la PUC y ERCOT deben presentar un memorando conjunto antes del 17 de julio de 2026 con detalles de las acciones implementadas y recomendaciones legislativas. La PUC también deberá iniciar acciones para reducir los costos de transmisión para usuarios residenciales antes del 31 de julio de 2026.
Abbott también adelantó que planea trabajar con la legislatura estatal para derogar exenciones de impuestos sobre las ventas y otros incentivos considerados innecesarios o desactualizados para los centros de datos.
La postura de Abbott coincide con la del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien el 7 de mayo promulgó el proyecto de ley SB 484. Según un comunicado oficial, esa ley prohíbe a las empresas de servicios públicos trasladar los costos de los centros de datos a clientes residenciales y pequeñas empresas, preserva la autoridad local en zonificación y permisos, exige divulgación pública de acuerdos de desarrollo, prohíbe servicios a centros propiedad de países extranjeros que susciten preocupación, y crea un proceso de permisos específico para instalaciones a gran escala, permitiendo el uso de agua regenerada.