Representantes de organizaciones civiles, colegios de abogados y cámaras empresarias expresaron reparos en la Cámara de Diputados sobre la redacción del proyecto de ley de lobby enviado por el Poder Ejecutivo.
Buenos Aires, 10 junio (NA) — Representantes de organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y cámaras empresarias expresaron en la Cámara de Diputados reparos respecto de los alcances que tendría la ley de lobby en el caso de que se mantuviese la redacción tal cual llegó del Poder Ejecutivo.
Con la iniciativa para regular el lobby, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones que realizan empresas o intermediarios ante funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, las organizaciones señalaron problemas en las definiciones conceptuales sobre la gestión de intereses y beneficiarios finales, con una redacción que no distingue entre el lobby corporativo y requerimientos ciudadanos como pedidos de audiencias públicas o de acceso a la información.
El primer orador fue el CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), Alejandro Díaz, quien consideró que «el proyecto tiene que precisar algunas definiciones, entre ellas las de gestor, gestión de intereses y beneficiario final». Además señaló que «debería reconocerse la naturaleza colectiva de la representación».
La presidenta del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Alejandra García, admitió que «la regulación del lobby es necesaria» pero afirmó que «el mensaje del Poder Ejecutivo al enviar este proyecto presenta deficiencias estructurales graves». Según dijo, «el primer problema se encuentra en la definición de gestión de intereses contenida en el artículo 2», cuya «redacción es tan amplia que comprende literalmente cualquier comunicación dirigida a influir sobre una decisión pública».
La directora ejecutiva de Directorio Legislativo, María Berón, coincidió en que el proyecto tiene un problema de falta de «taxatividad» en las definiciones conceptuales y cuestionó que la norma designe como autoridad de aplicación a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). «Esta autoridad de aplicación no tiene autonomía ni funcional ni financiera», apuntó.
El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, se preguntó «si esta es una ley que busca regular el lobby o controlar las agendas de las asociaciones de la sociedad civil y de los legisladores». «Indudablemente, la influencia de los grandes intereses económicos sobre las decisiones públicas es un problema real y hay que trabajarlo», sostuvo, pero agregó que «este proyecto en particular mete en una misma bolsa al que se reúne con un funcionario para pedirle que una ley lo beneficie y al que pide una audiencia pública para mejorar una ley de acceso a la información pública».
María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, consideró que «tal como está redactado este proyecto resulta inconstitucional e inconvencional, porque viola la igualdad ante la ley».
La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones. Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva. Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.