Proyecciones privadas anticipan la pérdida de 500.000 puestos de trabajo formales y la desaparición de hasta 40.000 unidades productivas para el cierre de 2026, según datos del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA).
La economía argentina consolida un modelo donde la macroeconomía financiera transita por un carril y la matriz productiva se frenó. Mientras los despachos oficiales celebran la atracción de capitales para sectores extractivos, las pequeñas y medianas empresas enfrentan una crisis de rentabilidad que se vuelve más fuerte. Proyecciones privadas anticipan un escenario para el cierre de 2026: la pérdida de 500.000 puestos de trabajo formales y la desaparición de hasta 40.000 unidades productivas. La asfixia tributaria, el encarecimiento de la energía y la tensión en las cadenas de pago empujan a la industria hacia el colapso.
Según datos del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), la recesión ya borró del mapa a 25.000 empresas desde diciembre de 2023, con un pico de 10.200 cierres registrados solo en el mes de febrero. “Los datos muestran que el deterioro del empleo formal y del entramado productivo ya no responde a un ajuste transitorio. Empieza a adquirir características estructurales”, afirmó Federico Vacarezza, coordinador del Observatorio.
Hay 13 ramas industriales en estado crítico. La industria ya expulsó a más de 77.000 trabajadores y registró el cierre definitivo de 3.100 fábricas. El nivel de caída es generalizado: 554 de los 948 subsectores económicos relevados perdieron puestos de trabajo formales. La construcción encabeza el derrumbe con la pérdida de 81.295 empleos, seguida por la industria manufacturera (76.556), los servicios de transporte y almacenamiento (61.107) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (25.449). En contraste, solo mostraron signos positivos rubros muy específicos vinculados a la salud, el software y el agro, un volumen de creación de puestos que está lejos de compensar la caída mayoritaria.
Vacarezza explicó que, aunque la producción general puede asimilarse a los pisos registrados durante la pandemia, la diferencia central es la nula expectativa de salida a corto plazo. “La industria puede mostrar una mejora estadística por sectores concentrados, pero el rebote no derrama sobre el empleo ni las pymes”, sostuvo, y sugirió relajar la política monetaria —las tasas de interés— para estimular el consumo.
Para las pymes, los puentes de comunicación con la Casa Rosada están directamente cortados. Daniel Rosato, presidente de IPA, confirmó que debieron recurrir al Poder Legislativo ante la falta de respuestas del Ejecutivo. “Nuestra intención no es confrontar políticamente, sino frenar una sangría de embargos ejecutivos y quiebras”, declaró el dirigente. Para oxigenar la actividad, impulsan un proyecto de emergencia a un año frente al avance de las importaciones desleales y el contrabando. “Es imposible competir ante la falta de financiamiento blando, cuyos intereses se dispararon en términos reales frente a la recesión de ventas”, afirmó.
Las cesaciones de pago entraron en terreno de tensión. El propio Rosato advirtió que la coyuntura reviste gravedad extrema por el inminente corte de suministros a las corporaciones más grandes, que dependen de las pequeñas fábricas proveedoras. “Los concursos preventivos, que hoy son nuestra última defensa legal para asegurar la supervivencia comercial, experimentaron un salto exponencial”, señaló sobre el ahogo del sector.
Mientras en todo el 2023 se registraron 82 expedientes, la cifra trepó a 190 concursos en 2025, en la Ciudad de Buenos Aires. El deterioro financiero se aceleró a tal punto que, solo en el primer trimestre judicial de 2026 (febrero, marzo y abril), ya se abrieron 92 procesos.
El proyecto de salvataje que empuja el sector industrial en el parlamento apunta a extender de pleno derecho la suspensión de embargos y remates a 180 días tras la apertura oficial de un concurso preventivo. Hoy, las empresas denuncian una enorme desigualdad procesal frente a la embestida fiscal. Mientras el Estado asume un millonario sacrificio de recaudación para otorgar ventajas a multinacionales bajo el paraguas del RIGI, las pymes sufren intimaciones de la autoridad tributaria mediante cartas documento con plazos perentorios de 24 horas, emitidas por estudios de abogados tercerizados por ARCA. La advertencia del entramado productivo es que una vez que una pyme quiebra, liquida su capital y despide a su personal, es prácticamente imposible que vuelva a operar.