El senador de Arizona, Rubén Gallego, solicitó a la Oficina para la Fiscalización del Gobierno que evalúe si el nuevo memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración constituye un cambio de regla, lo que permitiría al Congreso bloquear la política.
Rubén Gallego, senador de Arizona de origen colombiano, solicitó a la Oficina para la Fiscalización del Gobierno (GAO) que determine si el memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) del 22 de mayo constituye una nueva regla. De ser así, el Congreso podría votar para bloquearla bajo el Acto para la Revisión del Congreso.
El memorando de Uscis indica que los extranjeros que busquen la residencia permanente mediante ajuste de estatus deberán hacerlo, en principio, desde sus países de origen, salvo en circunstancias consideradas “extraordinarias”. La medida podría afectar a más de 1,2 millones de personas con solicitudes pendientes, entre ellas alrededor de 25.000 colombianos.
En una carta enviada a la GAO, Gallego sostuvo que la guía de Uscis “no es una simple aclaración administrativa sino un cambio sustancial de política pública”. El senador afirmó: “En una desviación del precedente de larga data, la nueva guía parece diseñada para crear una nueva presunción contra la concesión del ajuste de estatus a los no ciudadanos al caracterizar incorrectamente este beneficio como algo extraordinario”.
Gallego añadió que la medida busca empujar a los solicitantes hacia los consulados estadounidenses en el exterior, lo que contradice la intención del Congreso al aprobar la legislación migratoria vigente. También argumentó que el alcance potencial de la política impide tratarla como una orientación interna, ya que afectaría a cientos de miles de personas cada año.
La discusión ocurre luego de que el Senado de Estados Unidos aprobara el viernes 5 de junio 70.000 millones de dólares para financiar la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. El proyecto pasó a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén tratarlo a inicios de la próxima semana.
Abogados migratorios, organizaciones de defensa de inmigrantes y exfuncionarios de Uscis advirtieron que la política rompe con una práctica aplicada durante más de seis décadas. Si se aplicara con rigor, obligaría a parte de los solicitantes a salir de Estados Unidos para completar el trámite consular, con impacto sobre empleos, negocios, estudios y vínculos familiares.
El Departamento de Seguridad Interna declaró que el memorando no implica que todos los solicitantes deban abandonar Estados Unidos y sostuvo que reitera principios legales ya existentes. La administración remarcó que cada caso será evaluado de forma individual, pero mantuvo que los funcionarios conservarán amplia discreción para decidir quién podrá completar el trámite dentro del país.
Un portavoz de la oficina de Gallego declaró: “La supuesta aclaración de la administración solo añadió más confusión. Ahora la administración afirma que esto nunca fue un cambio de política para empezar, pero eso no es lo que dice el memorando”. La oficina sostuvo que las familias inmigrantes y profesionales altamente calificados no tienen certeza sobre las reglas aplicables.
La defensa jurídica de la administración Trump descansa en que no habría un cambio de ley, sino una reiteración de que el ajuste de estatus es un beneficio discrecional y que las autoridades migratorias siempre tuvieron facultades para negar solicitudes y exigir procesamiento consular en ciertos casos.