Un informe del Observatorio de Vivienda Asequible (Provivienda) señala que más del 43% de los hogares en España reside en inmuebles anteriores a 1981, con mayor concentración en los quintiles de menor renta y una brecha en eficiencia energética.
El Observatorio de Vivienda Asequible (Provivienda) publicó un informe basado en datos del Módulo de Vivienda y Entorno de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el estudio, el 43% de los hogares españoles vive en edificios construidos antes de 1981. En el quintil de menor renta, el 50,7% de los hogares reside en inmuebles de esa antigüedad o sin reformas sustanciales posteriores, frente al 35,9% del quintil de mayor renta.
El informe vincula la antigüedad del parque residencial con la exposición a condiciones climáticas extremas y la falta de eficiencia energética. Provivienda señaló que la normativa de aislamiento térmico en edificación se introdujo en España en 1980, por lo que los inmuebles anteriores a esa fecha carecen de exigencias relevantes. En el tramo de edificios previos a 1961 vive el 18,2% de los hogares del quintil de menor renta, contra el 11,2% del quintil más alto.
A nivel nacional, el 34,4% de los hogares afirmó necesitar mejoras de eficiencia energética no ejecutadas. La proporción varía según la comunidad autónoma: Extremadura registró el 41%, Andalucía y Castilla-La Mancha el 39,6%, Galicia el 38,3%, Ceuta el 37,6% y Madrid el 36,4%; en el extremo inferior, País Vasco tuvo el 24,8%, Canarias el 25,8% y La Rioja el 26,8%.
Provivienda identificó que el costo es la principal barrera para realizar mejoras: el 76,2% de los propietarios con necesidad no cubierta lo señaló como obstáculo, y en edificios anteriores a 1961 esa cifra asciende al 80,6%. En los quintiles de menor renta, ese freno financiero es casi único, mientras que en el quintil más alto aparecen otras razones como “otras razones” (19,8%) y “falta de interés” (11%).
En cuanto a daños por fenómenos climáticos extremos, el 9,2% de los hogares declaró haberlos sufrido, con una distribución casi uniforme entre quintiles (entre 9% y 9,6%). Provivienda sostuvo que ese indicador no mide la capacidad de anticipación, aseguramiento o reparación, la cual está estratificada por renta. Las comunidades con mayor incidencia declarada fueron Castilla-La Mancha, las del arco mediterráneo y Galicia, en relación con la dana de Valencia de 2024, olas de calor en el sur y temporales atlánticos.
El informe se enmarca en dos políticas públicas: el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, centrado en rehabilitación energética, y la Estrategia de Desarrollo Sostenible Revisada hacia 2030, que incluye la regeneración del parque residencial como herramienta de transición justa.