La ampliación del régimen de Zona Fría en 2021 generó un sistema de subsidios energéticos que beneficia por igual a hogares con distintas capacidades de pago. Ahora se discute una reforma para reorientar la ayuda según la necesidad económica y no solo el domicilio.
La discusión sobre el régimen de Zona Fría ampliada se centra en si el Estado debe subsidiar automáticamente a todos los hogares de una zona o concentrar la ayuda en quienes realmente la necesitan. El sistema original reconocía situaciones de frío extremo en Patagonia, Malargüe y la Puna, pero la ampliación de 2021 extendió el beneficio a millones de usuarios solo por vivir en un área determinada, sin considerar su situación económica.
En las zonas alcanzadas por el régimen ampliado conviven hogares que necesitan asistencia con otros que pueden pagar la tarifa plena. Ambos reciben el mismo descuento, lo que convierte al subsidio en una transferencia mal asignada. El financiamiento de estos subsidios proviene de impuestos, deuda, emisión o recargos que pagan otros usuarios.
En 2021, el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció que Argentina tenía un sistema de subsidios energéticos “pro-ricos”. La situación en Córdoba ejemplifica el problema: hay usuarios que reciben el beneficio por estar en una zona coloreada y otros que quedan afuera pese a atravesar dificultades económicas o no contar con gas natural por red.
La reforma que se discute en el Congreso propone mantener un tratamiento diferencial para zonas de frío extremo y concentrar la ayuda en el resto del país en quienes no pueden afrontar el costo de la energía. El objetivo es ordenar un sistema que se volvió demasiado amplio y automático.