El Gobierno de Costa Rica anunció que implementará el Plan Cero Ocio, un esquema laboral para personas privadas de libertad inspirado en el modelo salvadoreño, con el objetivo de reducir costos y promover la reinserción.
Luego de la visita de funcionarios de seguridad de Costa Rica a El Salvador la semana pasada, el Gobierno de Costa Rica, a través de un video difundido en las redes sociales de la Presidencia, anunció que el país activará un cambio en la política penitenciaria costarricense. El país adoptará el Plan Cero Ocio, un esquema de trabajo para personas privadas de libertad inspirado en la experiencia salvadoreña.
El Ministerio de Justicia y Paz informó que la meta es reducir costos, ampliar la producción dentro de las cárceles y orientar la reinserción mediante oficios. Se prevén labores productivas y proyectos de utilidad pública bajo supervisión estatal, con asesoría técnica salvadoreña, según indicaron autoridades costarricenses.
El ministerio también informó que revisó planes de infraestructura penitenciaria y redujo el presupuesto estimado de USD 60 millones a USD 35 millones. El eje del plan es que el tiempo en prisión se utilice en actividades laborales y de capacitación. El Gobierno sostiene que el modelo busca que el sistema penitenciario reduzca gastos operativos y que el trabajo sirva como herramienta de reinserción, con criterios de seguridad para determinar quiénes pueden acceder.
Funcionarios costarricenses visitaron la semana pasada el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas, en Santa Ana, donde observaron programas de confección de ropa, fabricación de pupitres y tareas comunitarias, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz. La premisa es limitar el tiempo ocioso y concentrar la actividad diaria en producción y mantenimiento.
En ese esquema, la reducción de pena funciona como incentivo: por cada 16 horas de trabajo se descuenta un día de condena, según detallaron las autoridades. El ministro Gerald Campos explicó que el plan prioriza a privados de libertad sin antecedentes de violencia grave y que el acceso depende de evaluaciones de seguridad y de un régimen de confianza.
Costa Rica tiene cerca de 20 mil personas encarceladas, según cifras oficiales mencionadas por el Ejecutivo. La selección del universo que ingresará al programa se hará con criterios técnicos, con el objetivo de concentrar los cupos en perfiles de menor peligrosidad.
El Gobierno costarricense plantea que el trabajo penitenciario debe impactar en las compras públicas y en la operación diaria del Estado. Campos sostuvo que el plan apunta a que los internos dejen de ser solo un costo y pasen a aportar con producción de bienes y tareas de mantenimiento en infraestructura pública.
El cálculo oficial indica que cada persona privada de libertad representa un gasto mensual cercano a USD 1,000, según el Ministerio de Justicia y Paz. Con el nuevo esquema, el sistema buscará producir mobiliario escolar, uniformes, muebles y otros insumos, además de apoyar en reparaciones y mantenimiento de espacios públicos.
Un ejemplo citado por las autoridades es la fabricación de camarotes para centros penitenciarios, con un ahorro superior a 306 millones de colones (unos USD 570,000). El ministerio comparó esa cifra con el financiamiento de casi 1,700 becas educativas o más de 3,500 pensiones sociales mensuales.
El programa también eliminará el pago de incentivos económicos por el trabajo, según la explicación oficial, y lo reemplaza por capacitación y redención de pena como principales mecanismos de estímulo. La cartera de Justicia sostuvo en el video que el objetivo es que el aprendizaje de oficios tenga impacto en la empleabilidad al recuperar la libertad.
Dentro de los talleres, participantes citados por las autoridades describieron la posibilidad de aprender un oficio como herramienta para conseguir ingresos fuera de prisión. “Aquí tengo la oportunidad de aprender algo nuevo, algo que me guste y con lo cual pueda ganarme la vida honradamente afuera”, dijo uno de los internos, según el video difundido por el ministerio.
La implementación incluye coordinación con otras instituciones y proyectos con utilidad pública verificable, de acuerdo con Justicia y Paz. El Gobierno informó que busca reforzar el equipamiento industrial con aportes del sector privado, bajo seguimiento estatal.
El plan excluye a privados de libertad de máxima seguridad. Más de 2 mil internos considerados de alta contención no podrán incorporarse a los programas productivos, según precisaron las autoridades costarricenses, que justificaron la medida en criterios de riesgo y control. El Gobierno también anticipó ajustes normativos y refuerzo de cuerpos policiales como parte del despliegue del esquema, según comunicó el Ministerio de Justicia y Paz. La administración sostuvo que el nuevo modelo exige controles más estrictos y una coordinación permanente entre el Estado y actores privados para sostener la operación.