La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró este 23 de mayo que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) a autoridades de Chihuahua y Sinaloa son un asunto de procedimiento y que los convocados acudirán en calidad de testigos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró este 23 de mayo que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR) a autoridades de Chihuahua y Sinaloa son “un asunto de procedimiento” y que los convocados acudirán en calidad de testigos.
Entre los citados figuran la gobernadora María Eugenia Campos Galván, el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otras nueve personas acusadas de vínculos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
De los diez citados en el caso Sinaloa, únicamente ocho podrían comparecer ante la FGR: el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez se entregó a las autoridades estadounidenses desde el 11 de mayo, mientras que reportes extraoficiales indican que el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega habría hecho lo mismo.
En su comunicado, la dependencia subrayó que la FGR es un órgano constitucional autónomo cuyas actuaciones se desarrollan “con fundamento en la ley” y precisó que la institución “no tiene interés político”.
El anuncio llegó horas después de que Campos Galván acusara públicamente que el citatorio buscaba “dañar a los chihuahuenses” y “eliminar la institucionalidad del estado”.
La secuencia de hechos se desencadenó este mismo 23 de mayo: la FGR notificó primero a Campos Galván, quien al recibir el documento en el Palacio de Gobierno cuestionó que Rocha Moya no hubiera sido convocado en los mismos términos por su caso, el cual es totalmente ajeno. Horas después, la Fiscalía emitió un comunicado donde no solo confirmó que el gobernador sinaloense y los otros nueve imputados también fueron citados, sino que reveló además que el exfiscal César Jáuregui Moreno enfrentará la misma diligencia.
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