Tras la victoria electoral de medio término, el horizonte de inversión se desplaza a octubre de 2027, lo que posterga decisiones y encarece la prima de riesgo para apuestas de largo plazo, según un análisis económico.
Durante buena parte de 2024 y, sobre todo, en la antesala de las elecciones legislativas de medio término de 2025, el principal riesgo que aparecía en casi cualquier conversación sobre inversión en la Argentina era la posibilidad de una vuelta del populismo. No se trataba sólo de una discusión ideológica. Era, sobre todo, una forma de ponerle nombre al temor de que el ajuste fracasara, la sociedad se cansara y el experimento quedara inconcluso antes de consolidar algún cambio durable. Por eso, aquellas elecciones eran vistas como una bisagra. Si el oficialismo lograba sortearlas con éxito, la lectura sería que, a pesar del fuerte ajuste, la sociedad seguía acompañando. En ese sentido, el resultado fue mejor de lo esperado para Javier Milei, su fuerza ganó con holgura y el mercado interpretó ese resultado como una ratificación política del rumbo. Incluso, vale la pena recordar, el inédito, y a la postre salvador, apoyo financiero de Washington había quedado atado, de manera explícita, a ese desenlace.
Sin embargo, pocos meses después, el horizonte vuelve a correrse. La promesa implícita de 2025 era que, despejado ese test electoral, las expectativas se destrabarían y las decisiones de inversión y consumo empezarían a reaccionar con más decisión. Pero ha vuelto a instalarse la idea de que hay que esperar; que ya no alcanza con haber ganado la elección que se suponía decisiva, o con demostrar que hay capacidad de aprobar leyes. Ahora la bisagra se ha desplazado a octubre 2027. Ese corrimiento no es inocuo y señala lo difícil que resulta disipar las dudas sobre la capacidad del Gobierno de estabilizar la economía y, sobre todo, de sostener políticamente esa estabilización.
La consecuencia macroeconómica de ese cambio de horizonte es directa. Cuando el sector privado deja de pensar que el punto de inflexión quedó atrás y vuelve a ubicarlo un año y medio más adelante, se postergan decisiones y se encarece la prima exigida para cualquier apuesta de largo plazo. Porque la inversión no responde sólo a los resultados de corto plazo de un programa de estabilización, responde también a la percepción de durabilidad del régimen económico y político que intenta ordenar la macro. Y si esa durabilidad vuelve a aparecer condicionada al próximo turno electoral, el programa pierde parte de la potencia que debería haber ganado después de 2025.
Ahora bien, tampoco conviene pasar por alto que en el margen empiezan a aparecer algunos datos algo más favorables: cierta mejora en indicadores de actividad, exportaciones más dinámicas, mayores compras de dólares por parte del Banco Central y una inflación algo más moderada. Pero sería prematuro leer todo eso como un cambio de tendencia consolidado. Primero, porque se trata de una mejora todavía muy reciente (y un dato, o par de datos, no marca una tendencia, y no sería la primera vez que termina no haciéndolo). Y segundo, porque la mejora no fue captada por las encuestas relevadas durante marzo o abril, que reflejaron la continuidad de un clima cargado de cautela, desgaste y críticas sobre los resultados del programa.
Acá aparece una preocupación más de fondo. Si el experimento Milei terminara pareciéndose demasiado al de Mauricio Macri –es decir, si concluyera abriendo nuevamente la puerta al populismo– el daño excedería al Gobierno actual. Volvería a reforzar la idea, tan arraigada en la Argentina, de que cada intento de corrección ortodoxa termina agotándose antes de producir resultados duraderos y, por lo tanto, de que las ideas liberales no son viables en nuestro país. Ese sería un diagnóstico equivocado, pero políticamente poderoso. Y es equivocado porque una cosa son las ventajas de un esquema macroeconómico más ordenado y previsible y de un modelo centrado en el sector privado –que es el único que genera riqueza– y no en el Estado; y otra muy distinta son los errores de diseño o implementación del programa de estabilización o los de administración política que pueden frustrarlo. Pero, un nuevo fracaso muy probablemente se presente y se lea como una supuesta refutación histórica de las ideas mismas. Y en la Argentina, esas conclusiones apresuradas suelen tener consecuencias duraderas sobre la agenda pública y, por supuesto, sobre las decisiones económicas.
Por eso, el desafío del Gobierno no debería circunscribirse a ganar tiempo hasta 2027, sino que debería concentrarse en evitar que la economía quede rehén de 2027. Y eso exige algunas correcciones. En lo económico, hay que acortar la transición a un régimen más homologable, volver más clara la función de reacción de la política monetaria, priorizar una mayor acumulación de reservas y reducir la dependencia del ancla cambiario cuyo costo futuro puede ser mayor que su supuesto beneficio presente. En lo político, implica administrar con más cuidado el desgaste social del ajuste, ordenar y acelerar la secuencia de reformas y no perder el tiempo en peleas e internas poco estimulantes.
En definitiva, que el horizonte se corra a 2027 revela que una parte importante de los actores económicos todavía no está convencida de que el Gobierno haya logrado transformar sus logros iniciales y su victoria electoral de medio término en una estabilización duradera. Lo que a su vez deja abierta la puerta para que quede dañada, una vez más y por bastante tiempo, la posibilidad de demostrar con resultados concretos que una macroeconomía ordenada y reformas pro mercado no son un capricho o un lujo ideológico de la derecha, sino una condición necesaria y elemental para dejar de fracasar.
* Economista.