Enrique Baca Arbulu, empresario peruano investigado en el caso Plus Ultra, comunicó al juez José Luis Calama su disposición a comparecer ante la Audiencia Nacional de España si es requerido, tras la detención de su hermano Felipe Baca en Aruba.
La investigación judicial sobre el caso Plus Ultra incorpora nuevos movimientos de uno de los empresarios peruanos bajo sospecha en la Audiencia Nacional de España. Enrique Baca Arbulu remitió un escrito al magistrado José Luis Calama con el objetivo de comunicar su disposición a comparecer ante el tribunal si resulta requerido. La decisión apareció después de la detención de su hermano, Felipe Baca, en la isla de Aruba.
Según informó el diario El Mundo, la actuación de Enrique Baca busca evitar una posible orden de arresto dentro de las diligencias que permanecen bajo secreto de sumario. El expediente judicial analiza presuntas irregularidades vinculadas al rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra y también examina operaciones financieras con conexiones internacionales.
La causa mantiene atención política y judicial en España debido a la aparición del nombre del ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dentro de las pesquisas. Las investigaciones también alcanzan al empresario Julio Martínez Martínez, conocido como “Julito”, señalado en el proceso tras su detención.
Enrique Baca comunica su disposición al juez Calama
El escrito enviado por la defensa de Enrique Baca señala que el empresario reside en Perú y solicita al juzgado que lo considere comparecido en caso de confirmarse formalmente su condición de investigado. La comunicación llegó poco después de la actuación judicial contra su hermano Felipe Baca.
La defensa sostuvo ante el magistrado José Luis Calama que su cliente mantiene “total disposición para acudir a este tribunal si así fuere requerido, todas y cuantas veces sea llamado para ello”. El documento, citado por El Mundo, forma parte de una estrategia destinada a descartar cualquier interpretación sobre una posible evasión de la justicia española.
La abogada de Enrique Baca también indicó que desconoce si el tribunal intentó notificar alguna resolución en un antiguo domicilio de Madrid. En el escrito, la letrada afirmó que una eventual orden de detención partiría de “la equívoca idea de que pudiera ser un prófugo o estar evadiendo cualquier llamada de este tribunal”.
El documento agrega que la comparecencia formal facilita futuras citaciones o notificaciones judiciales. La defensa insiste en que el empresario acudiría de manera voluntaria ante cualquier convocatoria del tribunal español.
La detención de Felipe Baca marcó un punto de inflexión
La actuación de Enrique Baca ocurrió después de la orden emitida por la Audiencia Nacional contra su hermano Felipe Baca. El empresario fue detenido en Aruba en el marco de una solicitud de extradición promovida desde España.
Los hermanos Baca aparecen en el origen de las investigaciones vinculadas al rescate de Plus Ultra. La Fiscalía Anticorrupción recibió información procedente de Francia y Suiza mediante comisiones rogatorias relacionadas con operaciones de préstamo de la aerolínea de capital venezolano.
Las pesquisas identificaron actividades empresariales de ambos investigados en distintos sectores financieros. Enrique Baca desarrolló operaciones mediante sociedades instaladas en Madrid dedicadas a intermediación, asesoramiento económico e inversiones inmobiliarias. Felipe Baca, por su parte, trabajó en un banco suizo.
La instrucción judicial amplió el alcance inicial de la causa. El procedimiento comenzó con sospechas de blanqueo de capitales y luego incorporó posibles delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y apropiación indebida.
El juez advierte sobre una estructura internacional
En una resolución relacionada con la prórroga del secreto de sumario, el magistrado José Luis Calama describió una presunta estructura con conexiones internacionales. El auto judicial menciona “indicios de transferencias de fondos al extranjero, utilización de sociedades interpuestas, y operaciones financieras de especial complejidad”.
El juez prorrogó el secreto de las actuaciones el pasado 28 de abril. En esa resolución advirtió que un levantamiento anticipado podría facilitar destrucción de pruebas, alteración documental o la posible fuga de personas implicadas.
La resolución judicial también señala riesgos vinculados a la “sustracción a la acción de la Justicia de personas implicadas”, debido al carácter transnacional de la estructura bajo investigación. El magistrado añadió que todavía existen activos y fuentes de prueba pendientes de identificación.
El caso permanece bajo reserva mientras continúan las diligencias impulsadas por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.