Organizaciones socioambientales presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal de La Pampa, con 850.000 adhesiones, para frenar la reforma de la Ley de Glaciares sancionada en enero. Solicitan una medida cautelar que suspenda la aplicación de la nueva normativa en todo el país.
Un total de 850.000 personas adhirieron a un recurso de amparo presentado este martes ante la Justicia Federal de La Pampa, con el objetivo de revertir la reforma de la Ley de Glaciares. La acción fue impulsada por diversas organizaciones socioambientales, que solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de la nueva ley en todo el territorio nacional. Según informaron, buscan que el texto original vuelva a estar vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La lista de solicitantes del amparo está encabezada por Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación de Abogados/as. También se sumaron representantes de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro Argentino de Políticas Ambientales (CEPA) y una multiplicidad de asambleas y multisectoriales ambientales del país.
Esta medida tiene lugar menos de un mes después de la sanción de la reforma de la ley, con 137 votos afirmativos en la Cámara Baja. De acuerdo con los solicitantes, eligieron presentar el recurso en La Pampa porque esta es una de las provincias que se encuentra “directamente afectada por la modificación”. “La Pampa recibe agua de cuencas que nacen en las provincias de San Juan y Mendoza, donde proyectos mineros se disputan áreas glaciares y periglaciales para desarrollar su actividad”, explicaron fuentes de las organizaciones firmantes.
La reforma, propuesta por el gobierno de Javier Milei, sustituye los artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, e incorpora un artículo 3° bis. Entre los principales cambios, la modificación establece que las provincias serán la autoridad de aplicación final para proteger glaciares y ambientes periglaciares, “con objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas”. La versión original planteaba que el Gobierno nacional era el encargado de hacer cumplir esta ley en coordinación con las provincias, y que el Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla) delimitaba las zonas de protección.
La reforma también introdujo un criterio según el cual los glaciares o el ambiente periglacial serán protegidos “hasta tanto” la provincia verifique la inexistencia de funciones de reserva estratégica. Así, cada jurisdicción definiría qué es relevante en términos hídricos y debería comunicarlo al Ianigla para retirar el sitio de interés del inventario de sectores protegidos. De no hacerlo, podría autorizar actividades en esas zonas sobre la base de estudios propios. Si bien no está explicitado en el texto del proyecto, la intención de esta modificación apunta a flexibilizar partes de la zona periglacial, según lo manifestaron tanto quienes apoyan como quienes se oponen al proyecto.
Tanto el Gobierno como representantes de compañías mineras argumentaron que la ley original impedía el desarrollo del sector minero en el país, uno de los más apoyados por la administración libertaria. En particular, los llamados minerales críticos son de especial interés global y han puesto a la Argentina en el foco internacional. En noviembre pasado, el gobierno nacional firmó un acuerdo con Estados Unidos que sugiere un interés creciente en los minerales críticos argentinos.
De acuerdo con las organizaciones socioambientales, los cambios más preocupantes son aquellos “que habilitan actividades en zonas antes protegidas, introducen criterios ambiguos como ‘alteración relevante’, permiten excluir áreas del Inventario Nacional de Glaciares según la ‘función hídrica’ de los glaciares y del ambiente periglacial y trasladan a las provincias la decisión de qué queda protegido y qué no”. “Esto debilita el carácter uniforme de la ley y abre la puerta a actividades extractivas en zonas críticas”, agregaron en un comunicado.
Desde el Ianigla advirtieron a inicios de año que la medida le restaría institucionalidad al organismo al habilitar criterios provinciales sin una base común. Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), sostuvo que se desvirtúa el carácter de presupuestos mínimos de la ley. En enero, 85 constitucionalistas enviaron una carta a la presidencia del Senado en la que alertaron que la reforma sería regresiva al reducir protecciones vigentes y vulnerar el sistema de presupuestos mínimos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Las organizaciones demandantes recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ratificó por unanimidad, en 2019, que la Ley de Glaciares es constitucional, ante una medida judicial impulsada entonces por la minera canadiense Barrick Gold. Los jueces dictaminaron que el dominio provincial sobre los recursos no permite perforar el piso de protección establecido por la ley nacional.