Luego de los incendios que devastaron Los Ángeles en 2025, comenzó la reconstrucción. Una contienda política entre el gobierno federal y el estatal de California gira en torno a quién debe atribuirse el mérito por la aprobación de miles de permisos.
Tras los incendios que afectaron el área de Los Ángeles en 2025, en el estado de California, se inició el proceso de reconstrucción. Este proceso es el centro de una disputa política entre el gobierno federal y el estatal. Según la administración del presidente Donald Trump, una ley autorizada por su gestión permitió la aprobación de miles de permisos para la restauración de viviendas y negocios. Sin embargo, el gobernador Gavin Newsom cuestionó esta versión y sostuvo que la acción se debe a una “simplificación exitosa hecha posible por líderes estatales y locales”.
En enero, el presidente republicano firmó una orden ejecutiva que, según la administración federal citada por New York Post, habría dado como resultado la aprobación de casi 2000 permisos para la reconstrucción de Los Ángeles. La medida permitía que las normas estatales y locales quedaran sin efecto en este punto y autorizaba a los constructores a “autocertificar” que habían cumplido con “normas sustantivas de salud, seguridad y construcción”. Bajo esta versión, la orden adelantó la aprobación de miles de permisos para reconstruir el área tras los incendios de Pacific Palisades y Eaton de enero de 2025, dos de las catástrofes más destructivas en la historia de la ciudad.
“La orden ejecutiva del presidente Trump de enero fue una medida audaz para superar los obstáculos no federales que habían impedido la reconstrucción de hogares, viviendas y vecindarios enteros. Desde esa orden ejecutiva, hemos contribuido a la aprobación de casi 2000 permisos”, declaró el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin. Según los registros, el condado emitió 971 permisos desde que se firmó la orden ejecutiva, un aumento del 72%. Por su parte, la ciudad avanzó con la asignación de 961 permisos desde entonces, un aumento del 58%, según la EPA.
No obstante, la oficina del gobernador Newsom afirma que la intervención federal no fue crucial para la recuperación del área. La oficina de Newsom sostuvo que el avance en la entrega de permisos ocurrió gracias al trabajo de funcionarios locales y no tuvo relación con la orden ejecutiva. “Esta afirmación de la administración Trump es ridícula. La premisa fundamental de la orden era que se obviarían los permisos locales mediante la autocertificación de la SBA, lo que significa que no serían necesarios”, expresó un portavoz en diálogo con New York Post. En ese sentido, agregó que el progreso en los permisos locales “demuestra que la gente no está utilizando el proceso que Trump estableció, sino que está avanzando con el proceso simplificado que los líderes estatales y locales hicieron posible”.
En un mensaje en X, la oficina del gobernador demócrata volvió a pronunciarse: “Trump está tratando de llevarse el crédito por la simplificación exitosa hecha posible por líderes estatales y locales. Su Orden Ejecutiva no tiene nada que ver con estas aprobaciones de permisos”.
Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) indicó que el daño económico total se estima entre 250 mil y 275 mil millones de dólares. El análisis proyectaba que la interrupción de la actividad económica dentro de los perímetros afectados generaría pérdidas de entre 4.600 y 8.900 millones de dólares entre 2025 y 2029, con repercusiones en el empleo y el crecimiento regional. En cuanto al daño material, los incendios forestales destruyeron aproximadamente 16.000 estructuras.
El gobernador criticó anteriormente a Trump por no concederle los 40.000 millones de dólares en ayuda federal que solicitó, una cifra considerada como “excesivamente alta” por la oficina del presidente. Según el New York Post, se asignaron más de 3.000 millones de dólares en ayuda federal. A su vez, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ofreció 101 millones de dólares en asistencia para la vivienda, mientras que la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) destinó 3.200 millones de dólares para préstamos para vivienda y negocios.