Especialistas y provincias expresan preocupación por la iniciativa gubernamental que modificaría la ley vigente, con críticas centradas en el financiamiento, los criterios de internación y la definición de quiénes acceden a tratamientos.
El proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, enviado por el Gobierno nacional al Congreso, ha generado un amplio debate entre especialistas, asociaciones y autoridades provinciales, quienes advierten sobre posibles consecuencias en el acceso y la cobertura de los tratamientos.
Alberto Trimboli, fundador de la Asociación Argentina de Salud Mental, calificó la propuesta como «regresiva» en declaraciones a Punto a Punto Radio (90.7). Uno de los puntos más cuestionados es el financiamiento. La ley vigente establece que el Estado debe destinar al menos el 10% del presupuesto sanitario a salud mental, mientras que el nuevo proyecto elimina esa obligación específica. «No es que lo bajen, lo llevan a cero. Eso significa directamente eliminar el presupuesto destinado a salud mental», afirmó Trimboli.
El debate se da en un contexto de aumento sostenido de consultas por problemáticas de salud mental. Otro cambio central refiere a las internaciones involuntarias. La ley actual permite la internación ante un «riesgo cierto e inminente para sí o para terceros». La reforma eleva el requisito a «riesgo grave para la vida y la integridad física», lo que, según algunos especialistas, podría dificultar la intervención temprana. Además, el proyecto exige que la orden de internación sea firmada inicialmente por un médico psiquiatra, una condición que podría generar demoras en regiones con escasez de estos profesionales.
También se modifica el concepto central de cobertura. La norma actual garantiza atención a personas con «padecimiento mental», una categoría amplia. El proyecto la reemplaza por la clasificación de trastornos psiquiátricos del CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades). Según los críticos, esto limitaría la cobertura a diagnósticos formales, dejando fuera a personas en situaciones como crisis emocionales o duelos que no encuadren en un trastorno específico.
El rechazo al proyecto no se limita a los especialistas. De acuerdo con Trimboli, 18 provincias manifestaron su oposición tras una reunión con autoridades nacionales. También se ha señalado que la iniciativa podría debilitar el rol de los hospitales generales en la atención. Mientras el proyecto inicia su tratamiento legislativo, representantes del sector de salud mental han comenzado gestiones con diputados y senadores para modificar la iniciativa.