La administración nacional tiene un plazo judicial para transferir fondos por 2,5 billones de pesos al sistema universitario. La Jefatura de Gabinete busca alternativas para cumplir con la orden sin afectar los objetivos fiscales.
El Gobierno nacional enfrenta este jueves un plazo judicial para realizar una transferencia de fondos por 2,5 billones de pesos al sistema de universidades nacionales. La orden, emitida por la justicia, obliga al Ejecutivo a actualizar partidas salariales y de becas con carácter retroactivo.
Según fuentes oficiales consultadas, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, analiza esquemas de pago y vías de financiamiento para cumplir con el mandato judicial. El monto total representa un desafío para la administración en el contexto de sus metas de equilibrio fiscal.
El conflicto se origina en una ley sancionada por el Congreso el año pasado, que el Presidente Javier Milei vetó. Dicho veto fue posteriormente derogado por el Parlamento, lo que dio lugar a una serie de presentaciones judiciales por parte del Gobierno. Los reclamos judiciales no obtuvieron resultados favorables para el Ejecutivo en instancias previas.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores, sostiene que la demora en las transferencias ha generado un deterioro en los salarios del sector. Según informes del ámbito académico, los ingresos del personal universitario acumulan una pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación registrada desde diciembre de 2023.
Ante la inminencia del plazo, el Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, aunque analistas legales consideran baja la probabilidad de que el máximo tribunal acepte revisar el caso o suspenda la medida. De no cumplirse la orden, la administración nacional incurriría en desacato judicial.
En el plano político, la discusión por el financiamiento universitario pone en evidencia la tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. El Gobierno nacional mantiene la competencia sobre el presupuesto de las universidades nacionales, luego de que las demás funciones educativas fueran transferidas a las provincias.