A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se eliminaron cientos de ensayos y análisis. El ministro Sturzenegger fundamentó la medida en la baja demanda y la oferta privada existente, mientras que desde los gremios y el organismo advierten sobre posibles despidos y un desmantelamiento.
El Gobierno nacional oficializó esta semana, mediante la Resolución 42/2026 publicada en el Boletín Oficial, la baja de más de 900 servicios que prestaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La medida se enmarca en una serie de ajustes aplicados sobre el organismo desde el inicio de la actual gestión.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la decisión argumentando que se basó en la «baja demanda efectiva» de muchos de estos servicios y en la existencia de una oferta privada para los mismos. Según el texto de la resolución, esta situación implicaba «un uso subóptimo de los recursos estatales».
Los servicios dados de baja abarcaban una amplia gama de actividades, que incluían ensayos microbiológicos en alimentos (como detección de Salmonella o Listeria), análisis de calidad de agua y efluentes, servicios de metrología y calibración de instrumentos, y ensayos para la industria de la construcción, seguridad eléctrica y control de combustibles, entre otros.
Desde el INTI, en declaraciones a LA NACION, señalaron que muchas de estas capacidades también se utilizaban en procesos más complejos de asistencia técnica, desarrollo de productos y apoyo para el acceso a mercados externos.
La publicación de la resolución generó malestar en los gremios que representan a los trabajadores del instituto, quienes realizaron movilizaciones en las inmediaciones del predio de Villa Martelli. Empleados consultados por este medio denunciaron que la medida forma parte de una intención de «desmantelar» el organismo, lo que podría derivar en más de 700 despidos, y la vinculan con la política de reducción del Estado.
En sus explicaciones públicas, Sturzenegger ejemplificó que servicios como el control de surtidores de combustible, que realizaba un 12% de la planta del INTI, implicaban un «costo enorme» financiado por el contribuyente, beneficiando a grandes empresas. Sostuvo que la medida «libera al sector productivo de un tapón a la producción» y devuelve esa actividad al ámbito privado, permitiendo su desarrollo.
Actualmente, el INTI cuenta con 2300 empleados y más de 250 reparticiones, una cifra inferior a los 3100 trabajadores que tenía en 2023. El Gobierno ha cuestionado que un 20% de sus departamentos sean «puramente administrativos», lo que, a su juicio, justifica los recortes.