El Concejo de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, votó por unanimidad medidas que buscan impedir la construcción de nuevas instalaciones de detención migratoria dentro de sus límites, mediante la imposición de requisitos de zonificación y distancia a zonas residenciales.
El Ayuntamiento de El Paso, Texas, votó por unanimidad nuevas acciones que impiden la construcción de nuevos centros de detención de inmigrantes dentro de los límites de la ciudad. La normativa, aprobada el pasado 13 de abril, ordena al personal municipal redactar revisiones para disuadir este tipo de construcciones.
Entre los requisitos que se evaluarán figura la distancia mínima que deben guardar estas instalaciones respecto a residencias privadas, así como el tamaño permitido de los edificios. Aunque la ciudad no tiene autoridad sobre propiedades federales, los cambios buscan darle a El Paso mayor supervisión sobre terrenos privados.
“Si se trata de una empresa privada que opera para el gobierno federal y está ubicada en terrenos privados, entonces sí debe cumplir con nuestros códigos y procedimientos locales”, explicó el subdirector municipal, Mario D’Agostino. “Pero en lo que respecta a la propiedad federal, no podemos imponer ninguna restricción”.
La medida también instruye a los empleados municipales a que informen a sus supervisores en caso de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) visiten alguna instalación de la ciudad.
Esta iniciativa surge como respuesta a la preocupación local por la posible proliferación de estos centros en la zona. En enero del año pasado, se anunció la creación de una prisión en el extremo este del condado de El Paso. Según reportes, las nuevas instalaciones del ICE tendrían capacidad para albergar hasta 8500 personas.
“No debería sorprender que el ICE vaya a realizar arrestos en varios estados de Estados Unidos y que esté trabajando de manera activa para ampliar el espacio de detención”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.
Además de este centro, se prevé la instalación de otros siete centros de detención en viejos almacenes industriales, con capacidad para entre 5000 y 10.000 detenidos cada una, y 16 centros adicionales más pequeños.