El relanzamiento del programa «+Hogares» incluyó una línea específica para empleados estatales con condiciones más flexibles. La oposición presentó pedidos de informes y denuncias judiciales.
El relanzamiento de los créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) en 2024 incorporó una línea específica para el sector público, que permite financiar hasta el 90% del valor de una propiedad y establece topes más elevados que la línea general. Esta variante, denominada «+Hogares Sector Público», fue lanzada en septiembre de 2024 con el objetivo declarado de retener a empleados estatales que ya no estaban obligados a cobrar sus haberes en la entidad.
El programa general «+Hogares», lanzado en mayo de 2024, ofrece préstamos en UVA (ajustados por inflación) con tasas nominales anuales que rondan el 6% para vivienda única en ciertos parámetros. Establece un financiamiento de hasta el 75% del valor del inmueble, con topes de 157.500 UVA y 260.000 UVA para los segmentos más altos. Al valor actual de la UVA (aproximadamente $1870), esos límites equivalen a unos $295 millones y $486 millones, respectivamente.
En cambio, la línea para el sector público fija topes de 189.000 UVA y 315.000 UVA, lo que representa montos cercanos a $350 millones y superiores a $580 millones al valor actual. Fuentes del BNA confirmaron a LA NACION que la línea sigue vigente y que en su momento se incluyó a «cargos políticos designados por resolución o electivos», ampliando el universo más allá de los empleados públicos.
El análisis de algunos créditos otorgados a funcionarios sugiere que se encuadrarían en esta línea específica. Es el caso de Felipe Núñez, director del BICE, con un préstamo de unas 276.000 UVA (alrededor de $373 millones al momento de su otorgamiento), y de Pedro Inchauspe, director del Banco Central, con aproximadamente 302.000 UVA (unos $510 millones). Ambos montos superan el tope máximo de la línea general.
Según datos oficiales, el Banco Nación ya otorgó más de 27.000 créditos hipotecarios, de los cuales unos 11.200 corresponden a empleados del sector público. La situación derivó en pedidos de informes en el Congreso y en denuncias ante la Justicia federal impulsadas por la oposición.
Desde el Gobierno, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, defendieron la operatoria y aseguraron que no hubo irregularidades. Caputo afirmó que incluso recomendó a funcionarios acceder a estos créditos. En el BNA remarcaron que no existió una «ventanilla» especial y que todos los préstamos se otorgaron bajo condiciones objetivas previstas en el programa.
No obstante, en el sector financiero se señala que la posibilidad de financiar hasta el 90% del valor del inmueble constituye una decisión poco habitual, ya que el estándar del mercado suele ser del 75%. Esta flexibilización se implementó en el contexto del decreto 747/2024, con el objetivo, según señaló en su momento el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de incentivar la competencia entre entidades financieras.