Un proyecto bipartidista presentado en el Congreso de EE.UU. busca otorgar un estatus legal renovable a inmigrantes indocumentados con arraigo, sin ofrecer una amnistía directa. La iniciativa también incluye medidas de control fronterizo y financiamiento autónomo.
El 15 de julio del año pasado, un equipo bipartidista encabezado por las representantes María Elvira Salazar y Verónica Escobar presentó una versión renovada de la Ley de la Dignidad (H.R. 4393). El proyecto tiene como propósito regularizar el estatus de migrantes indocumentados con gran arraigo en Estados Unidos.
El programa Dignidad alcanzaría a personas que estaban en EE.UU. antes del 31 de diciembre de 2020. Esta propuesta, a diferencia de otras, no brinda una amnistía ni un camino directo hacia la ciudadanía, sino un estatus legal que puede renovarse.
Los requerimientos esenciales, según los puntos oficiales del proyecto, establecen que, una vez completado un periodo de 7 años, los participantes pueden solicitar el “Estatus de Dignidad”. Este les permite permanecer en EE.UU. indefinidamente con autorización laboral, siempre que mantengan una buena conducta legal.
La Ley Dignidad también propone un control operativo total de la frontera sur mediante una estrategia que incluye tecnología avanzada y personal adicional.
El proyecto incorpora además el Dream Act, que otorga a los jóvenes llegados en la infancia un estatus condicional por 10 años, con una vía hacia la residencia permanente basada en trabajo, servicio militar o educación superior.
Asimismo, la ley prioriza a la fuerza laboral nacional mediante el Fondo del Trabajador Estadounidense (EWF). Financiado con los pagos de restitución de los inmigrantes (estimados en US$70.000 millones), este se destinará a capacitar a trabajadores estadounidenses en oficios de alta demanda. “Por cada participante del Programa Dignidad, se capacitará a un trabajador estadounidense“, detalla la propuesta.
Uno de los puntos más destacados por sus promotores es que la implementación de la ley se autofinancia. Los costos de infraestructura fronteriza y procesamiento se cubrirían mediante un “Impuesto de Infraestructura Migratoria” del 1% sobre el salario de quienes reciban permiso de trabajo bajo el programa. Se estima que esto no solo cubriría los gastos, sino que también ayudaría a reducir la deuda nacional.