Un análisis de datos oficiales revela que varios condados del estado obtuvieron ingresos millonarios al alojar a migrantes indocumentados en sus cárceles, en el marco de acuerdos de cooperación con agencias federales, lo que genera un debate ético en las comunidades locales.
Un informe basado en datos oficiales del gobierno mostró que varios condados de Pensilvania facturaron más de 21 millones de dólares en los últimos años por la detención de migrantes indocumentados en sus cárceles locales, en el marco de acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales.
El análisis, publicado por el medio local Spotlight PA, detalla que entre 2024 y 2025, los condados de Pike, Clinton, Erie y Franklin cobraron colectivamente esa suma. El condado de Pike fue el que más ingresos recibió, con aproximadamente 16 millones de dólares. Un quinto condado, Cambria, también tiene un sistema similar, según registros federales y declaraciones de un funcionario, aunque su administración no compartió datos específicos.
Estos acuerdos, que requieren el respaldo de líderes electos del condado o juntas penitenciarias, existen desde hace décadas, pero están siendo sometidos a un mayor escrutinio público en el contexto actual. Las tarifas facturadas al gobierno federal oscilan entre 82 y 120 dólares por persona por día, además de posibles cargos por servicios adicionales.
Funcionarios locales que apoyan estas alianzas argumentan que los ingresos obtenidos financian servicios del condado, como el mantenimiento de las cárceles o el fondo general. «Esta es una relación que se remonta a muchos años atrás», manifestó Scott Hunt, comisionado del condado de Cambria, quien añadió que los pagos representan una fuente crucial de ingresos cuya sustitución requeriría un análisis exhaustivo.
Por otro lado, la política enfrenta críticas y debate a nivel local. Durante una reunión del Consejo del Condado de Erie en febrero, por ejemplo, ciudadanos y organizaciones expresaron sus posturas. «Creemos que participar de cualquier forma en el endurecimiento de las medidas de control migratorio es inmoral», declaró Anne McCarthy, de las Hermanas Benedictinas de Erie. Los críticos sostienen que esta colaboración fomenta un clima de «miedo y caos» y señalan que, a diferencia de los acusados en el sistema penal, los inmigrantes detenidos bajo estos acuerdos no tienen derecho constitucional a un abogado de oficio, lo que puede alargar su detención.
Los defensores de los acuerdos argumentan que, si el condado los terminara, el ICE simplemente trasladaría a los detenidos a otros lugares, lo que implicaría perder los ingresos sin afectar las deportaciones, y además podría alejar a los arrestados de sus familias.
De cara a los próximos meses, algunos de estos contratos de cooperación están cerca de finalizar, lo que podría reavivar el debate público sobre su continuidad.