Una investigación judicial en la provincia de Río Negro busca esclarecer el faltante de al menos 119 armas que estaban bajo custodia en un depósito de General Roca. Una de las armas fue hallada en un hecho delictivo reciente, lo que desencadenó una revisión interna y la separación de funcionarios.
Una investigación se encuentra en curso en la provincia de Río Negro tras detectarse la desaparición de más de un centenar de armas que se encontraban secuestradas y bajo custodia judicial en un depósito de la ciudad de General Roca. El caso salió a la luz luego de que, en un operativo policial posterior a un enfrentamiento, se verificara que una de las armas incautadas debía estar guardada en dicho depósito por un caso anterior.
Este hallazgo motivó una revisión urgente ordenada por la fiscal Teresa Giuffrida, la cual arrojó como resultado inicial la falta de 114 armas. En las últimas horas, la cifra se actualizó a 119, al sumarse cinco armas más desaparecidas de la Fiscalía N°3. Las armas sustraídas, entre revólveres y pistolas, corresponderían a diversas causas penales, algunas de ellas por delitos graves y aún abiertas.
Según informaron voceros judiciales, al menos tres empleados del Poder Judicial fueron apartados de sus funciones y se encuentran bajo investigación. Si bien el acceso al subsuelo del edificio judicial donde se guardaban las armas es restringido y está bajo llave, la investigación no descarta que pueda haber más personas involucradas.
Fuentes vinculadas a la causa han mencionado posibles actos de «negligencia» y han señalado que existía una prohibición expresa de almacenar pruebas en las fiscalías. La investigación principal, por la desaparición inicial del arsenal, está a cargo de la Cuarta Circunscripción Judicial, con intervención del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti. Paralelamente, la Fiscalía N°3 tramita una causa separada por las cinco armas faltantes en su dependencia.
El hecho ha puesto el foco en los protocolos de custodia de pruebas dentro del Poder Judicial provincial, ya que el depósito afectado depende directamente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el acceso a él está reservado al personal judicial, sin ingreso para la Policía de Río Negro.