José Luis Ábalos, ex alto cargo del gobierno socialista, se sienta en el banquillo acusado de delitos de cohecho y malversación en la compra de mascarillas durante la pandemia. El proceso judicial también incluye a su ex asesor y a un empresario.
Este martes ha dado inicio en el Tribunal Supremo de España el juicio oral contra el ex ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. El proceso, que se prolongará durante veintitrés días, busca esclarecer su presunta implicación en una trama de corrupción relacionada con la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Ábalos, quien fuera también secretario de organización del PSOE y diputado hasta enero de este año, está acusado junto a su ex asesor y ex chófer, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía Anticorrupción les imputa delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho continuado y utilización de información privilegiada.
Según la acusación, los tres acordaron aprovechar el cargo de Ábalos en el gobierno para favorecer, a cambio de un beneficio económico, la contratación con la Administración Pública de la empresa representada por De Aldama. La investigación señala que el ex ministro habría recibido comisiones ilegales por estas operaciones.
La Fiscalía solicita para José Luis Ábalos una pena de 24 años de prisión, mientras que la acusación popular eleva la petición a 30 años. El ex ministro se encuentra en prisión preventiva y sin fianza desde noviembre del año pasado. En el transcurso del juicio declararán más de 70 testigos, entre los que se encuentran el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Parlamento, Francina Armengol.
La investigación de la Guardia Civil no halló el «botín millonario» del que se especulaba, pero sí encontró indicios de favores y contraprestaciones. Entre los aspectos a dilucidar figura el alquiler con opción a compra, por un valor muy inferior al real, de un departamento en el Paseo de la Castellana de Madrid que habría estado a disposición de Ábalos.
Este proceso se desarrolla en paralelo a otro juicio de alta repercusión política, el denominado «caso Kitchen», que involucra a altos cargos del anterior gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, por un presunto operativo ilegal para encubrir pruebas de financiación irregular.