Tres denuncias penales que piden investigar la concesión de créditos del Banco Nación a integrantes de La Libertad Avanza quedarán unificadas en su juzgado. Se analizan posibles irregularidades en los montos y procedimientos.
Tres denuncias penales presentadas en Comodoro Py, que solicitan investigar los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a al menos nueve funcionarios y diputados del espacio La Libertad Avanza, serán acumuladas en el juzgado federal de Ariel Lijo. Las presentaciones, que involucran montos que en conjunto superan los 2.500 millones de pesos, piden determinar si hubo irregularidades, condiciones preferenciales o excepciones a las normas en el otorgamiento de los préstamos.
La primera denuncia fue radicada la semana pasada, apenas se conocieron los datos sobre las operaciones crediticias. Una segunda presentación fue asignada por sorteo al juez Daniel Rafecas, y una tercera quedó a cargo de María Eugenia Capuchetti. En los próximos días, por conexidad, todas quedarán unificadas en el juzgado de Lijo, donde ya ingresó la primera. El fiscal a cargo será Gerardo Pollicita.
Entre los delitos que se piden investigar figuran presunto fraude al Estado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y posible tráfico de influencias. La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica), una de las denunciantes, sostuvo en su escrito que, de comprobarse que la posición política o los vínculos con las autoridades del banco influyeron en la aprobación, podría configurarse ese último delito. También se cuestiona una posible «desproporción entre ingresos y monto de los créditos».
El Banco Nación se pronunció al respecto mediante un comunicado oficial, en el que destacó que «nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina los otorga esta institución». Afirmó que se han otorgado más de 27 mil préstamos desde el lanzamiento de la línea, con un proceso «homogéneo, sin excepciones». Asimismo, aclaró que existe una línea específica para empleados públicos, «+Hogares sector público», que financia hasta el 90% de la vivienda, a diferencia del programa general que no supera el 75%.
Entre los beneficiarios mencionados en las denuncias se encuentran Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro de Economía; Federico Furiase, secretario de Finanzas; el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira; el director de YPF, Emiliano Mongilardi; y los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, entre otros.
El juez Lijo, quien ya tiene a su cargo la causa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumará así otro expediente de relevancia política.