Ante las denuncias y cuestionamientos, diputados del bloque libertario acordaron no alimentar el debate en redes sociales. El ministro Caputo y el presidente Milei salieron a respaldar a los legisladores involucrados, asegurando que los préstamos se ajustan a la normativa.
La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a legisladores oficialistas generó una reacción dentro del bloque libertario de la Cámara de Diputados, que en las últimas horas decidió cerrar filas y alinearse con la postura del Poder Ejecutivo. La consigna interna fue «No levantar el tema en redes».
La directiva surgió luego de que algunos de los implicados, como el exradical Mariano Campero y el exmacrista Alejandro Bongiovanni, salieran públicamente a explicar su situación ante las críticas por haber accedido a préstamos millonarios de la entidad estatal. Ambos negaron haber recibido condiciones preferenciales y aseguraron que los trámites se iniciaron meses antes de sus cambios de alineamiento político.
«No recibí ningún beneficio político. Asumí una deuda para darle una casa a mi familia», afirmó Campero. Bongiovanni, por su parte, sostuvo que es «falso» que haya obtenido tasas o plazos diferentes a los de cualquier cliente.
Según datos del sitio web «¿Cuánto deben?», elaborado por Andrés Snitcofsky con información del Banco Central, varios diputados oficialistas figuran como deudores de estos créditos, que en algunos casos superan los 300 millones de pesos. Desde el bloque oficialista aseguraron que «todo está en regla» y que muchos legisladores presentaron otros ingresos o codeudores para mejorar su calificación crediticia.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la legalidad de las operaciones durante una entrevista televisiva. «No hay nada ilegal y mucho menos inmoral», afirmó, y añadió que incluso alentó a funcionarios y amigos a aprovechar la línea hipotecaria, considerándola «una oportunidad única».
A diferencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo, los legisladores no están alcanzados por la línea diferencial para empleados estatales («+Hogares sector público»), que financia hasta el 90% del valor del inmueble. Los diputados deben recurrir a la línea general, que cubre hasta el 75%.
La controversia ya derivó en al menos tres denuncias judiciales, presentadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), así como en un pedido de informes del legislador socialista Esteban Paulón.
Ante este escenario, el oficialismo buscó unificar su discurso. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, retuiteó un mensaje del presidente Javier Milei, quien celebró la entrevista de Caputo. Milei, por su parte, negó que el despido del jefe de Gabinete de Sandra Pettovello, Leandro Massaccesi, estuviera vinculado a los créditos, luego de que se conociera que figuraba como deudor.
Desde el Gobierno confían en que la polémica pierda fuerza y esperan que el Banco Nación remita a la Justicia la información solicitada para su análisis.