Un informe sobre el presupuesto abierto muestra que 34 de las 80 acciones de la Secretaría de Educación no registraron ejecución financiera en los primeros tres meses del año, incluyendo programas clave como comedores escolares y compensación docente.
El presupuesto abierto del Estado refleja la inversión en ochenta acciones que lleva adelante la Secretaría de Educación para cumplir con sus programas vigentes. De ese total, 34 no presentaron ejecución presupuestaria en el primer trimestre del año, y otras cinco registran cifras muy cercanas a cero.
Entre los programas afectados se encuentran los comedores escolares, dependientes del programa Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas. Para este ítem, el Gobierno proyectó una inversión total de $173 mil millones, pero no se registró ejecución de esos fondos asignados en el período analizado. La asistencia financiera a los comedores debe alcanzar a 12 mil instituciones, a las que la Nación provee infraestructura, materiales o insumos.
El Programa Nacional de Compensación Docente, que cuenta con $26.424 millones para contribuir a reducir desigualdades en el salario inicial docente en distintas provincias, tampoco registró inversión alguna según los datos del presupuesto abierto. Se trata de transferencias a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mejorar la retribución docente.
Dependientes del programa de Educación Superior, las actividades de Desarrollo de Institutos Tecnológicos de Formación Profesional (con $11.310 millones) y de Fortalecimiento de la Extensión Universitaria (con $4.830 millones) tampoco muestran movimientos presupuestarios.
El Plan Nacional de Alfabetización, presentado recientemente por el presidente Javier Milei, presenta ejecución en la mitad de sus doce acciones. Algunos rubros dentro de este plan experimentaron recortes presupuestarios durante el año en curso: la formación docente para alfabetización pasó de $14.818 millones a $5.792 millones, mientras que la compra de materiales educativos se redujo de $18.352 millones a $6.816 millones. Las acciones complementarias para el fortalecimiento del plan mantienen los $7.000 millones asignados para 2026, pero no se ejecutaron en el primer trimestre.
Los programas dirigidos a garantizar la terminalidad educativa también vieron reducido su presupuesto inicial de $3.000 millones a $1.854 millones, sin que se registrara ejecución de esos fondos.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la reducción acumulada del peso relativo del gasto público primario nacional en los últimos 26 meses equivale a 10,4 puntos porcentuales del PBI. El informe del Iaraf señala que el 91% de esa baja se destinó a financiar la reversión del déficit fiscal y la generación de superávit.
La situación de baja ejecución presupuestaria no es exclusiva del área educativa. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, lidera el ranking de menor porcentaje devengado en total, con solo un 15,6% de su presupuesto ejecutado cuando transcurrió el 25% del año. De sus treinta acciones, once no presentan ejecución o tienen un gasto prácticamente nulo, incluyendo partidas relacionadas con la reparación y restitución de derechos a víctimas de trata. El Ministerio del Interior, por su parte, presenta un 13,4% de su presupuesto devengado.