Pasadas las 11, la Cámara de Diputados puso en marcha su primera sesión del 2026 en la que debatirá dos iniciativas que el Gobierno pretende sancionar con amplitud: el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y el Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. El debate se produce a las pocas horas del triunfo que se anotó el oficialismo en el Senado, con la aprobación de la reforma laboral.
A menos de 24 horas de las firma de los dictámenes de comisión y luego del triunfo que se anotó el oficialismo en el Senado con aprobación de la reforma laboral, la Cámara que conduce Martín Menem sesiona para avanzar con el nuevo Régimen Penal Juvenil. El grueso de los bloques, salvo el FIT, Unión por la Patria, y algunos diputados del interbloque Unidos, habilitaron el quorum.
Hubo una excepción: el massista Ramiro Gutiérrez, que integra el bloque de UP. El bonaerense sí se sentó para habilitar el debate. El especialista en seguridad del Frente Renovador es uno de los que insiste, desde hace años, con la baja de edad de punibilidad y hasta analizaba acompañar el artículo del proyecto que baja la edad de punibilidad. Por eso, no se descarta que, al momento de la votación en particular de ese artículo, se desmarque de la bancada. En tanto, el resto de los massistas rechazarían el proyecto libertario. Aunque, no se descartan sorpresas.
Hubo una excepción: el massista Ramiro Gutiérrez, que integra el bloque de UP. El bonaerense sí se sentó para habilitar el debate. El especialista en seguridad del Frente Renovador es uno de los que insiste, desde hace años, con la baja de edad de punibilidad y hasta analizaba acompañar el artículo del proyecto que baja la edad de punibilidad. Por eso, no se descarta que, al momento de la votación en particular de ese artículo, se desmarque de la bancada. En tanto, el resto de los massistas rechazarían el proyecto libertario. Aunque, no se descartan sorpresas.
Al dar los detalles del proyecto, Rodríguez Machado se dirigió a la oposición y les planteó: «¿Hoy qué pasa con los menores de 16 que ustedes dicen que no hay que tocarlos? Están en establecimientos penitenciarios de menores sin ningún tipo de proceso. Porque no hay ningún juez se anime a firmar su libertad, porque saben que si los dejan sueltos siguen cometiendo delitos».
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La bullrichista Rodríguez Machado defendió el dictamen de mayoría.
Mariano Fuchila
Más adelante, la cordobesa señaló: «Hay una especie de gris que los tienen ocultos sin un debido proceso legal, sin normas internacionales de defensa, sin normativa de resocialización. Porque lo que quieren ocultar es una realidad«. Y remató: «Lo peor es que siguen bajo los efectos de la droga, siguen siendo parte de organizaciones criminales que los adoptan como mano de obra inimputable, siguen en familias que no los contienen».
En tanto, la bonaerense Victoria Tolosa Paz defendió uno de los dictámenes impulsados por Unión por la Patria, que fija que los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años. «En la concurrencia de delitos graves, la pena máxima será de 10 años. Nos hacemos cargo de lo que escribimos, eso cumple el principio de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que lo va a juzgar, defender, y le va a dar una salida en base a la Constitución», explicó la exministra.
Antes del inicio del debate, finalmente Juan Schiaretti juró como diputado. Por una intervención cardiovascular, el exgobernador no había podido jurar en diciembre. Desde el palco se vio a su mujer, la senadora Alejandra Vigo. Luego, los diputados homenajearon con un minuto de silencio a la exdiputada del PJ, Sandra Mendoza, que falleció el miércoles por la mañana.
Antes del inicio del debate, como tuvo como miembro informante a la bullrichista Laura Rodríguez Machado, finalmente Juan Schiaretti juró como diputado. Por una intervención cardiovascular, el exgobernador no había podido jurar en diciembre. Desde el palco se vio a su mujer, la senadora Alejandra Vigo. Luego, los diputados homenajearon con un minuto de silencio a la exdiputada del PJ, Sandra Mendoza, que falleció el miércoles por la mañana.
Régimen penal juvenil: qué dice el proyecto
Durante el plenario de comisiones que se celebró el miércoles, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo reunió 81 firmas. Además de La Libertad Avanza, acompañaron ese texto el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas e Innovación Federal (estos dos últimos en disidencia). A grandes rasgos, la iniciativa propone actividades educativas, recreativas y deportivas, además de atención médica y de contención por adicciones. En ese marco, determina informes trimestrales de las autoridades pertinentes y establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena.
Por otro lado, Unión por la Patria presentó dos dictámenes (uno que sostiene la actual edad de imputabilidad y otro del sector massista que la baja a 14 años); la conducción de Provincias Unidas tuvo su propio proyecto (también reduce a 14); y dos iniciativas de rechazo: una del Frente de Izquierda y otro del peronista catamarqueño Sebastián Nóblega.
En cuanto a la propuesta de Mercosur, que cuenta con 3.039 páginas, plantea como objetivos «establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las Partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión». Tuvo 46 firmas de apoyo.
Régimen Penal Juvenil: cuál es el presupuesto
Una de las novedades del dictamen del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en $23.739.155.303. «Nada de lo presupuestario sale si no tiene el aval del Ministerio de Economía», aseguró a este medio uno de los negociadores oficialistas del Régimen Penal Juvenil.
En su definición, el presupuesto destina más de $20.000 millones para la Defensoría General de la Nación, que garantizaría la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley. También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los «supervisores», las figuras de autoridad «a cargo del seguimiento, asistencia y control del adolescente».
Asimismo, para los gastos de infraestructura y profesionales, se establece que la Nación y los distritos «podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción».