La designación del titular del organismo de acceso a la información pública de la ciudad de Buenos Aires se convirtió en un escenario de fuertes polémicas, pues varias entidades salieron a cuestionar duramente al candidato que propuso el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
En un duro comunicado conjunto cinco organizaciones de la sociedad civil reclamaron que el jefe de Gobierno porteño desista de la candidatura de Santiago Alberdi, ya que aseguran que carece de antecedentes y experiencia en esta temática específica, además de cuestionar el procedimiento que se llevó adelante en la audiencia pública, el jueves de la semana pasada, ya que no respondió ninguna pregunta.
Alberdi es el apoderado del PRO y trabaja desde hace ocho años en la Lotería de la Ciudad, donde ingresó como síndico y desde marzo de 2024 es uno de sus directores. Además trabajó como director en Pampa Energía y en la gerencia de Logística del Instituto de la Vivienda porteño.
«Transparencia en CABA: sin un órgano garante idóneo peligra el derecho de acceso a la información pública», titularon un duro comunicado conjunto Poder Ciudadano, Fundación Vía Libre, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Democracia en Red y Directorio Legislativo.
Y agregaron: «Organizaciones de la sociedad civil impugnamos la candidatura de Santiago Alberdi, propuesto por el Poder Ejecutivo como titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información de la Ciudad de Buenos Aires, por no haber demostrado su idoneidad para el rol».
En cambio, ante la consulta de Clarín, desde el gobierno porteño destacaron que numerosas organizaciones y personalidades de reconocida trayectoria académica y profesional expresaron su respaldo a la postulación del candidato. En ese marco, «destacaron tanto sus competencias técnicas, profesionales y ético-institucionales, como su compromiso con los valores de la transparencia, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional».
Esas fuentes del gobierno porteño dijeron que recibieron 21 «cartas de apoyo» a la postulación de Alberdi, entre las que se destacan las del diputado Miguel Angel Pichetto, Ricardo Gil Lavedra, titular del Colegio Público de la Abogacía; Leandro Vergara, decano de la Facultad de Derecho (UBA); y Pablo Clusellas, auditor general de la ciudad de Buenos Aires, entre otros.
Cuando Clarín consultó por los rechazos que tuvo la postulación de Alberdi, fuentes del gobierno porteño dijeron que solo tenían el listado de las personas que habían apoyado su candidatura, pero no las de quienes la habían rechazado.
Sin embargo, más allá de quienes pudieron haber enviado notas cuestionando la candidatura de Alberdi, como por ejemplo hizo Poder Ciudadano, en la audiencia pública hubo cuatro personas que expusieron en contra del candidato Alberdi: Celeste Fernández (ACIJ), Enrique Chaparro (Fundación Vía Libre), María Noel Murray Alonso (Directorio Legislativo) y María Teresa Gutiérrez Cullen.
Y allí hubo cinco personas que expusieron a favor de Alberdi: María Cristina Girotti, Jesús Acevedo (Lotería de la Ciudad); Guillermo Jáuregui (Asociación para la Construcción de un Gobierno Abierto), Martín Borges (Fundación Artífices) y Victoria Roldán Mendez, exlegisladora (PRO) y actual responsable del órgano de acceso a la información de la Legislatura porteña.
El gobierno porteño busca cubrir una vacante
El 1° de febrero quedó vacante el cargo de titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información (OGDAI), cuando renunció María Gracia Andía a la entidad del gobierno porteño creada por ley para supervisar que los sujetos obligados brinden la información solicitada, resolver los reclamos e impulsar sanciones en casos de incumplimiento.
El organismo hasta ese entonces funcionaba con la conducción de una especialista, que garantizaba su imparcialidad e independencia. Pero «propusieron a un hombre que no tiene ninguna experiencia en estos temas, lo cual es peligroso para el acceso a la información en la Ciudad, que siempre funcionó bastante bien. El anterior funcionario sabía del tema, mientras que quien proponen ahora no tiene ninguna experiencia en la temática», dijo a Clarín Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.
En la audiencia pública realizada el pasado 3 de abril, Alberdi agradeció a quienes respaldaron su postulación y leyó -con dificultad- un texto sobre la importancia del trabajo en equipo «para la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado», «para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas».
«Mi experiencia en Lotería de la Ciudad me permitió comprender la importancia de la gestión eficiente y transparente en sectores clave de la administración pública», dijo Alberdi en la audiencia de postulación. Pero el candidato no respondió las preguntas que le habían enviado previamente quienes participaron en esa audiencia.
Las cinco entidades que difundieron un comunicado rechazando su postulación destacaron «con gran preocupación que esta haya sido una instancia meramente formal, al haberse inhabilitado la posibilidad de que el candidato respondiera en ese espacio las preguntas previamente formuladas por la ciudadanía y las organizaciones. Ello impidió alcanzar un diálogo que permitiera evaluar sus conocimientos, aun cuando dicha evaluación hace a la esencia misma de las audiencias públicas».
«Ahora la decisión corresponde al Poder Ejecutivo local, que tiene hasta el 14 de abril para decidir la designación del candidato o el retiro de la propuesta. Si decide avanzar, estará nombrando a una persona que carece de lo que el puesto requiere y cuyos méritos no han sido explicitados ante la ciudadanía», sostuvieron Poder Ciudadano, Fundación Vía Libre, ACIJ, Democracia en Red y Directorio Legislativo.
Varios especialistas consultados por Clarín remitieron esta designación, a nivel local, con lo que ocurrió en la Agencia de Acceso a la Información Púbica, en la gestión nacional, donde el gobierno de Alberto Fernández designó hace tres años a la exfuncionaria kirchnerista Beatriz de Anchorena.
También en ese entonces, la designación de De Anchorena fue cuestionada por parte de las organizaciones que se ocupan de los temas de acceso a la información pública, por su falta de conocimiento y trayectoria en temas específicos, así como por su dependencia partidaria en un organismo que debe ser autónomo e imparcial.