El Banco Nación ha iniciado una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la tasa de comercio que cobran los 10 municipios más ligados al “campo” en la provincia de Córdoba. Ya logró el acuerdo con dos de ellos: General Deheza y Jesús María, la Municipalidad de Río Tercero está dentro del lote.
La nueva administración de la entidad financiera nacional inició una política de recorte de tasas e impuestos en sus créditos y servicios con el argumento de afectan los costos. Busca “abaratarlos” e inició la discusión en Tribunales Federales.
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Marcos Ferrer respondió a la demanda por inconstitucionalidad presentada por Banco Nación. La entidad no quiere seguir tributando la tasa del 5% en todas sus operaciones. Este mismo reclamo lo hicieron en General Deheza, Jesús María, Río Cuarto, Hernando, Villa María y San Francisco, entre tantos otros.
La entidad bancaria, además de la demanda principal iniciada en octubre de 2024, solicitó una medida cautelar para que los municipios se abstengan de cobrar la tasa y de iniciar cualquier procedimiento administrativo de cobro.
Es muy llamativo la manera en la cual el municipio se enteró de la demanda. Fue posterior a su participación como «amicus curiae» en la audiencia de conciliación en la sede del Edificio de Tribunales Federales en la capital cordobesa.
Medida Cautelar y Defensa Municipal
Hace aproximadamente diez días, la Municipalidad de Río Tercero fue notificada de la demanda y de la solicitud de medida cautelar. Marcos Ferrer fue claro y mandó a sus representantes legales a “argumentar que la concesión de la medida cautelar afectará gravemente el interés público”.
«Los municipios van resistiendo y van defendiendo la autonomía municipal. No puede venir una entidad nacional a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que cobrar. Sin recursos no podemos brindar ningún tipo de servicio a la comunidad», señaló una fuente del municipio en diálogo con este medio. Son palabras que tranquilamente avalaría el intendente en público.
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El argumento central de la defensa municipal radica en que la tasa de comercio tiene un fin directo en la prestación de los servicios como recolección de residuos, seguridad e higiene, salud y educación. “La suspensión del cobro de esta tasa significaría una importante pérdida de ingresos que comprometería la capacidad del municipio para brindar estos servicios a la comunidad”, explicaron.
Se estima que, si todos los bancos eliminaran el cobro de esta tasa, impactaría en la pérdida del 80% de lo que ingresa al municipio en concepto de “comercio e industria”.
Una vez que el juez federal se pronuncie sobre la medida cautelar, se discutirá el fondo de la cuestión: si la tasa es constitucional o no. El Banco Nación alega la falta de una contraprestación efectiva del servicio por parte de los municipios. Sin embargo, desde el municipio de Río Tercero se sostiene que sí existe dicha contraprestación y, por lo tanto, la tasa es constitucional. Incluso, se menciona que en otros juicios donde hubo acuerdos, el banco terminó pagando la tasa, aunque con una alícuota reducida.
El caso de Jesús María, el acuerdo más próximo
El municipio que conduce Federico Zárate también estuvo en la mira del Banco Nación. Allí el porcentaje es del 2,5%. Desde la localidad informaron que se llegó a un acuerdo “modificando la base del cálculo. Todo ocurrió a mediados de febrero.
A partir de ahora solo se tomará el impuesto sobre el “spread” de ganancias. “Ahora ya no puede hacer ningún tipo de queja o reclamo”, afirmaron.
En el marco de un juicio similar entre la Municipalidad de General Deheza y el Banco Nación en Córdoba, el juez federal citó a varios municipios, incluyendo Río Tercero, como «amigos curiae» para aportar elementos al caso.
Finalmente, en ese caso, se llegó a un acuerdo donde el Banco Nación continuó pagando la tasa con una alícuota menor. Situaciones similares de reducción de alícuotas se dieron también en acuerdos con Jesús María.
La postura de los municipios es defender su autonomía tributaria frente a lo que consideran una presión del Banco Nación para reducir sus costos operativos a expensas de los recursos municipales. Mientras tanto, Río Tercero aguarda la resolución del juez federal sobre la medida cautelar, lo que marcará el siguiente paso en esta disputa legal que tiene en vilo a varios municipios grandes y poderosos de Córdoba.